36 meses de preventiva para Castillo, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Como todo parecía indicar, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha impuesto una segunda prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo. Esta vez se trata de 36 meses por delitos ligados a la corrupción. Los cargos precisos son organización criminal, tráfico de influencia y colusión.

El juez Checkley verificó que se cumplen los tres requisitos necesarios para imponer una prisión preventiva: serios indicios de delitos graves, una prognosis de pena que haga verosímil la tentación de fuga y un comportamiento que no inspire confianza en la colaboración con la Justicia. La Fiscalía ha presentado un caso sólido y la prognosis de pena es de 32 años.

El riesgo procesal está vinculado a las posibilidades de fuga, tal como ha sido el caso del coimputado y exministro Juan Silva. Castillo tampoco ha dado pruebas de colaboración con la Justicia, como evidencian sus reiteradas negativas a contestar a la Fiscalía y su voluntad de destituir a Harvey Colchado, quien dirigía el equipo que investiga los casos de corrupción en el Poder.

No han podido ser incorporados al expediente de acusación las recientes investigaciones sobre las relaciones del expresidente con Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, a quien la Fiscalía atribuye la voluntad de acabar con la vida de la Fiscal de la Nación y la del coronel Harvey Colchado.

Poco a poco, aparece toda una red criminal destinada a garantizar la impunidad de Pedro Castillo y asegurar su mantenimiento en el poder, a través de la compra de algunas conciencias y la intimidación de otras. El juez Checkley ha impuesto también una prisión preventiva al exministro Juan Silva, prófugo de la justicia, pero no al exministro Geiner Alvarado, a quien se impone comparecencia con restricciones.

Solo falta esperar que los tres años de prisión preventiva sirvan para que la Fiscalía construya su caso y que se pueda pasar a juicio oral antes de que venza el plazo. Una justicia rápida e independiente contribuirá a restablecer la confianza de los ciudadanos, debilitada por años sin resultados judiciales convincentes.

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