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El abogado Luis Vivanco dijo que le "preocupa" que publicaciones que señalan su presunta detención se den, luego de revelarse supuestos videos sobre diligencias en casa de Nicanor Boluarte. Además, indicó que la Fiscalía lo ha citado como testigo.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en comunicación telefónica con RPP, aseguró haber tomado conocimiento de una supuesta orden de detención en su contra que estaría por ejecutar la Fiscalía en las próximas horas.
“Con mucha preocupación, he visto que, en el transcurso de esta mañana, está circulando en la red social X una serie de publicaciones que indican que la Fiscalía, en las próximas horas, ejecutaría mi detención. Esta noticia es preocupante, es algo que está circulando en X. Hay periodistas que me están llamando por esa noticia, por ese rebote", sostuvo, aunque no pudo acreditar ninguna prueba concreta sobre ese trascendido.
Vivanco señaló que su "fuente" para hacer esta advertencia fue la red social X (antes Twitter). Tampoco pudo decir claramente quiénes eran los usuarios que habían hecho esas publicaciones en las que se basaba.
"Yo no estoy asegurando que el hecho vaya a realizarse de esa manera. He señalado claramente que mi fuente son las publicaciones que están circulando desde el día de hoy", indicó.
"[Los usuarios] no lo puedo determinar yo, la verdad no soy experto en esa red social, personalmente ni la uso", agregó.
Según el letrado, la información le resultaba preocupante porque "aparece justo un día después que se ha hecho público un video en el que se muestra parte de la diligencia y allanamiento al señor Nicanor Boluarte, y que es una prueba bastante gráfica que, cuando ingresó la Fiscalía a su domicilio, no había ningún documento en la cabecera del sillón, que luego ellos encontraron y dijeron haber allanado".
Cabe resaltar que la autenticidad de dicho material audiovisual al que hizo alusión Vivanco tampoco ha sido acreditada. No obstante, el dominical Punto Final reveló que en casa del hermano de la mandataria se encontró el borrador de un informe de fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho -presidido por Wilfredo Oscorima, investigado por el caso Rólex- a la mina El Dorado. Esto en el marco de los allanamientos que se realizaron por el caso Ícaros.
Sin embargo, Vivanco dijo que sí podía afirmar objetivamente que el Ministerio Público lo ha citado a testificar, aunque tampoco señaló para qué caso.
"De lo que yo sí puedo dar fe objetivamente es que he sido citado como testigo a una investigación que se viene llevando en la Fiscalía de la Nación", aseguró.
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¿Qué hechos se investiga en el caso Ícaros?
El caso Ícaros se refiere a la existencia de una presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según la Fiscalía, antes de ejercer el cargo de ministro del Interior, "en su calidad de no aforado, habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generaran espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines".
"En ese contexto, cuando Juan José Santiváñez ocupó el cargo de ministro del Interior, comenzó a gestar su propia organización criminal dentro del Poder Ejecutivo, cuya finalidad sería obtener réditos económicos mediante la comisión de delitos contra la administración pública", señala el Ministerio Público sobre el caso en su requerimiento de allanamiento, presentado ante el Poder Judicial y ejecutado el último miércoles en 14 inmuebles, entre ellos la casa del hermano de la presidenta de la República.
La Fiscalía indica que Santiváñez habría captado personas de confianza como Percy Alberto Tenorio Gamonal, a quien, desde el cargo de ministro del Interior, habría beneficiado interveniendo para que aparezca como proveedor de 5 contrataciones de defensa legal de generales en estado de actividad, quienes vienen siendo investigados por las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022 contra Dina Boluarte. Estas contrataciones serían por S/200 mil cada una.
Las investigaciones apuntan a que, para que Percy Tenorio pueda acceder a las contrataciones, Santiváñez "habría dispuesto que la Defensoría de la Policía -que depende directamente del despacho ministerial- adecúe o, de ser necesario, modifique los términos de referencia del perfil del operador".
Asimismo, la Fiscalía investiga un presunto pago de 20 mil dólares que habría hecho el general PNP Gregorio Villalon a Juan José Santiváñez para permanecer en actividad, dinero que habría sido entregado a través de Percy Tenorio Gamonal.
Un tercer hecho investigado por el Ministerio Público en torno al caso se refiere a que, a mediados de agosto de 2024, la presidenta Boluarte le habría encomendado a Santiváñez que "haga lo posible por conseguir arraigos laborales creíbles mediante empresas de confianza para Nicanor Boluarteb Zegarra [...], por lo que, a efectos de mantener la confianza de la mandataria", este habría puesto a disposición "la presumible red criminal".
Para ello, Percy Tenorio habría propuesto a Franco Parodi Gianella, propietario de la mina El Dorado, y a Gianfranco Meza, financista de la misma, la recuperación de dicha mina a través de un supuesto operativo policial, a cambio de 60 mil dólares y "la búsqueda y confección de arraigos laborales en beneficio de Nicanor Boluarte", razón por la cual el hermano de la presidenta "habría asistido hasta 7 veces a la oficina del estudio jurídico Tenorio" a fin de coordinar la "forma de creación de arraigos laborales ficticios" y "hacerlo pasar como una especie de consultor de la empresa minera".
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