por Redacción RPP
·En RPP, el abogado constitucionalista Joseph Campos negó que la suspensión de investigaciones resulte en la pérdida de pruebas.
El abogado constitucionalista Joseph Campos analizó la situación legal del presidente de la República, José Jerí, tras el reciente interrogatorio realizado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a raíz de la investigación preliminar abierta en su contra por las reuniones no registradas oficialmente que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang.
Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que, según lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), este tipo de diligencias es un "acto urgente", pero no formar parte de una investigación preliminar o preparatoria.
Campos Torres señaló que, para iniciar un proceso penal contra un presidente, se requiere de una autorización del Congreso mediante un antejuicio político.
"Considerando la urgencia de determinadas situaciones y la gravedad del problema se pueden desarrollar tres actos urgentes: la declaración del presidente, el pedido de información y solicitar medios probatorios (pruebas documentales)", explicó.
De acuerdo con el abogado, el Tribunal Constitucional determinó que la toma de declaraciones debe ser acotada —máximo dos veces— para evitar que se "contrabandeen situaciones" que vuelvan indefinida una investigación que debe ser suspendida hasta el fin del mandato.
"Nadie tiene corona"
El abogado también tachó como gesto de "prudencia" que el titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez Villegas, acudiera a Palacio de Gobierno para la diligencia.
Cuando se le consultó sobre si la suspensión de las investigaciones podría ocasionar la pérdida de pruebas, Campos calificó aquello como una "mentira absoluta", y sostuvo que el Perú es un ejemplo en América Latina donde los expresidentes terminan rindiendo cuentas ante la justicia, lo cual demostraría que en el país "nadie tiene corona".
El abogado refirió, además, que el artículo 117 de la Constitución tiene un propósito político: evitar que el "deterioro político" causado por constantes denuncias impida al presidente gobernar.
"La Constitución no quiere un deterioro político que no le permita gobernar", señaló, remarcando que se debe priorizar la gobernabilidad y la presunción de inocencia.
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