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por Redacción RPP
·Los abogados Humberto Abanto, Richard Martín, Frankz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina, entre otros, son acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.
La Fiscalía presentó una acusación penal contra los abogados Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre el 2011 y 2015 (caso Árbitros de Odebrecht).
Este modus operandi, según el organismo público, fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron estos procedimientos para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.
En un comunicado, detalló que la fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, solicitó penas de prisión efectiva que van desde los nueve años hasta 25 años y cuatro meses por los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.
Supuestos sobornos en procesos arbitrales
Los hechos ilícitos están vinculados a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) — tramos 2 y 3 —, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
“En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros”, explicó la Fiscalía.
El organismo precisó que, luego de obtenerse los beneficios económicos, estos eran “convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción”.
La Fiscalía añadió que este caso constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad.
En octubre del 2024, el séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido del abogado Humberto Abanto Verástegui para archivar el proceso penal que se le sigue a raíz de este caso.
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