Congresista electa por Acción Popular no declaró sentencia por violencia familiar

Mónica Elizabeth Saavedra, congresista electa con el número 1 por Acción Popular, ha sido señalada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, debido a que se detectó que no informó en su declaración jurada de hoja de vida sobre la sentencia por violencia familiar y psicológica en agravio de su menor hijo.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el Jurado Especial Electoral (JEE) consideró que hubo “omisión y falsedad”, pues Saavedra señaló que no tenía ningún fallo judicial, pero el Poder Judicial evidenció que, el 20 de noviembre del 2014, se declaró fundada la demanda en contra de Marco Antonio Soko Robles y la congresista electa, por violencia familiar y maltrato psicológico.

“Lo que estoy haciendo ahora es proteger a mi hijo y pido que por favor acá quede zanjado este tema, porque mi hijo tiene 19 años, está en la mejor etapa de su vida. Yo, su madre, lo voy a proteger y ahí quedó”, declaró Saavedra a América TV. 

Al ser consultada sobre por qué no declaró esta sentencia, la congresista electa aseguró que hablará a detalle sobre este caso “en su momento” y que esta denuncia fue subsanada yendo a terapia psicológica con su menor hijo.

“Lo que pasa es que para mí fue caso cerrado. Hubo sentencia, sí, pero se subsanó yendo a cumplir la medida”, refirió.

¿DEBIÓ DECLARAR SENTENCIA?

José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, señaló que los candidatos al Congreso tienen la obligación de declarar sentencias por la comisión de delitos dolosos, sin embargo, entre ellos no se encuentran las denuncias por violencia familiar.

“No existe obligación alguna por parte de un candidato de declarar una investigación en curso, otorgación de medidas de protección o sentencias de violencia familiar. Este tipo de sentencias no constituyen un delito doloso que, según el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, tienen que ser declaradas”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

El especialista aseguró que se tendría que modificar la Ley de Ventanilla Única del Jurado Electoral Especial (JEE), para que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público otorguen información a los partidos políticos sobre denuncias por violencia familiar que puedan tener los candidatos.