Según documentos a los que accedió RPP, el proceso de contratación directa fue iniciado por el Despacho Presidencial el último viernes, para el proceso penal que se sigue contra el exmandatario, quien es acusado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
El Ejecutivo destinó más de S/200 mil para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.
Según documentos a los que accedió RPP, el Despacho Presidencial convocó, el último viernes, a un proceso de contratación directa por la suma de S/291 600 para "contratar el servicio de defensa y asesoría legal" a favor del exmandatario, para el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
El servicio requerido por el Estado tiene como alcance "la defensa técnica del patrocinado, que comprende su defensa por la etapa intermedia en el proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada".
Esto incluye gestión de antecedentes y análisis del caso, patrocinio y asesoramiento integral, actuaciones procesales, ejecución de mecanismos de defensa y asesoramiento y acompañamiento en diligencias y audiencias.
Cabe destacar que este proceso de contratación directa inició un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia para "establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público" para el presente año.
Esto debido a que "el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año, en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose".
Por ende, el Gobierno destacó que las medidas establecidas en su decreto de urgencia permitirían "el cumplimiento de las reglas fiscales previstas [...], a través de medidas que generen una mayor eficiencia y modulen el gasto público".
Defensa legal fue solicitada por Ollanta Humala
RPP pudo conocer que Ollanta Humala, el 11 de agosto pasado, solicitó al Ejecutivo que se le brinde "asesoría y defensa legal" en el proceso que afronta ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Para ese entonces, el exjefe de Estado ya había sido sentenciado a 15 años de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero ilícitos que recibió su partido político para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.
Su pedido de defensa legal tuvo el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que consideró que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala Tasso se desempeñaba como presidente de la República, "al favorecer de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano".
"Se le imputa haber intervenido en decisiones que beneficiaron a dicha empresa, mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado", indicó la referida oficina. Por lo tanto, determinó "la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio por la etapa intermedia".
Así las cosas, el último 19 de agosto, 8 días después de que Ollanta Humala ingresara su solicitud, Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, a través de la cual se declaró procedente "la solicitud de beneficio de derecho de defensa y asesoría legal" presentada por el exmandatario, y se dispuso que la "Oficina General de Administración realice las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, en virtud al beneficio concedido".
Finalmente, dicha resolución sirvió como base para que el Despacho Presidencial iniciara el proceso de contratación directa de la defensa legal del expresidente.
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