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El exmagistrado del Tribunal Constitucional recordó el estado de cosas inconstitucional declarado en 2020, el cual precisa que el Gobierno tiene plazo hasta 2025 para resolver el hacinamiento carcelario al menos en seis centros penitenciarios a nivel nacional.
Tras el escape de un reo del Penal de Lurigancho, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume recordó el estado de cosas inconstitucional declarado en 2020, que señala que, de no resolverse el hacinamiento carcelario en 2025, se deberán cerrar seis centros penitenciarios a nivel nacional.
Al respecto, el exmagistrado consideró que no se ha cumplido con dicha sentencia del tribunal, por lo que se podría proceder con el cierre del ingreso para nuevos reclusos o, en su defecto, cerrar los penales a fin de habilitar otros locales que no tengan los mismos problemas.
"Pareciera que la situación no se ha superado, sino que ha empeorado. Y existe un estado de incumplimiento de lo que dispuso el Tribunal Constitucional: un plazo de cinco años -que vencerá el 2025- donde deben adoptarse todas las medidas suficientes para superar el estado de cosas inconstitucional, que es un estado de violación de los derechos fundamentales por falta de elementos que brinden al interno las condiciones necesarias para poder desarrollar su reclusión acorde con la calidad del ser humano y no en un estado de hacinamiento", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"El tribunal confirmó que no se daban las condiciones y la forma de cumplimiento de una condena bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad (...). Se detectó un caso de violación de derechos y dijo que esto se estaba reproduciendo en muchos penales de la República. Ante ello, declaró que hay un estado de cosas inconstitucional y dispuso que debe haber un trabajo conjunto y coordinado entre el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, otros sectores y la propia sociedad para superar este problema", manifestó.
"Además, exhortó al Ministerio de Justicia para que elabore un plan nacional de política penitenciaria, que evalúen las medidas necesarias. Para ello otorgó un plazo de cinco años, para solucionar estos problemas; si no, tendrá que cerrarse el ingreso de reclusos o cerrarse penales (...) donde el hacinamiento es mayor, como el caso de Chanchamayo, que era de 553 %; de Jaén, 522 %; del Callao, 471 %; de Camaná, 453 %; de Abancay, 398 %; y Miguel Castro Castro, de 375 %", agregó.
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"El Gobierno podría pedir una extensión"
Más adelante, Blume precisó que el Gobierno podría pedir que se extienda el plazo para poder subsanar el hacinamiento penitenciario, situación cuyo proceso debió estar vigilado por la propia Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional.
"Hay una parte de la sentencia que parece que no se ha leído con prolijidad, que se refiere al Poder Judicial, en donde el tribunal exhorta para que no se recurra a la detención, sino en casos sumamente graves. El Resolutivo 9 dice que las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social. No resulta coherente que personas que han cometido otros delitos que pueden cumplir penas alternativas a la privación de la libertad terminen siendo privadas de su libertad de la misma forma que aquellas que han cometido delitos graves", aseveró.
"Dependiendo del estado de hacinamiento, una alternativa es que no entre un reo más y otra alternativa extrema puede ser que se cierra el penal y se tendrá que habilitarse nuevos locales (...). (Por otro lado, el Gobierno podría pedir una extensión) y para eso el Tribunal dejó abierta su comisión de seguimiento, integrada por miembros del propio tribunal, que debió convocar a una audiencia ad hoc a las partes involucradas y tomarles cuenta de cómo iba avanzando el cumplimiento de esta sentencia. Si uno analiza la parte final de la sentencia, dice que el control de lo aquí dispuesto estará a cargo de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del tribunal", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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