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Entre las acciones inmediatas a realizar, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunció que la Contraloría General de la República -en el marco de sus funciones- realizará una auditoria de gestión y fiscalización en el Ministerio Público.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, brindó la tarde del viernes un mensaje en el que anunció una serie de medidas y acciones inmediatas “ante los eventos críticos, hechos y circunstancias denunciadas” que vienen "afectando" la institucionalidad del Ministerio Público.
En ese sentido, indicó que en todas las investigaciones en curso y las que se inicien “queda comprometida la garantía de una total objetividad y respeto estricto al debido proceso y los derechos de los involucrados”.
Asimismo, señaló que la designación de fiscales superiores coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales se realizará priorizando los criterios de antigüedad, rango jerárquico y especialidad.
Juan Carlos Villena, dijo, además, que la fiscal suprema Delia Espinoza fue designada en el despacho de la Fiscalía Suprema Permanente Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.
Otras de las medidas anunciadas consisten en la pronta creación de una comisión encargada de la elaboración del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.
El fiscal de la Nación, durante su mensaje, sostuvo que su gestión impulsará “la conversión de las fiscalías supremas transitorias en fiscalías supremas permanentes en la que se nombre fiscales supremos titulares para fortalecer la Junta de Fiscales Supremos”.
A fin de promover la eficacia y eficiencia del servicio, informó que se implementará el sistema interno de medición interno de desempeño de los fiscales titulares y provisionales.
Como séptima medida, afirmó que se va a fortalecer al Equipo Especial del caso ‘Los cuellos blancos’ con el propósito de impulsar el desarrollo y culminación de las investigaciones.
Por último, Juan Carlos Villena manifestó que están coordinando con la Contraloría General de la República para que -en el marco de sus funciones- realicen una auditoria de gestión y fiscalización en el Ministerio Público.
El fiscal general del Perú, quien reemplaza en el cargo a la suspendida Patricia Benavides, aseguró que las acciones tomadas obedecen a su compromiso con la ciudadanía y la institución a la que representa.
Por lo que aseveró que “no he recibido amenazas ni coaccionamiento de ningún tipo; no tengo compromiso alguno fuera de las obligaciones constitucionales que siempre he observado con convicción”.
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