La fiscal de la Nación anunció que el Ministerio Público ultima la demanda de inconstitucionalidad que se presentará ante el TC contra la ley que otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa por delitos cometidos entre 1980 y 2000.
El Ministerio Público ultima los detalles para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32419, conocida como 'Ley de Amnistía', adelantó este martes la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en conferencia de prensa.
"Ya tenemos listo el proyecto de demanda de inconstitucionalidad que, próximamente, vamos a terminar de evaluar con los colegas de la Junta de Fiscales Supremos para poder presentarla ante el Tribunal Constitucional (TC) y así hacer respetar lo que está en nuestro ordenamiento jurídico", dijo.
La llamada 'Ley de Amnistía', promulgada el último 14 de agosto por la presidenta Dina Boluarte, concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa involucrados en delitos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Sus defensores, como el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), argumentan que la nueva norma cesa una supuesta persecución política a través del sistema de justicia contra quienes habrían enfrentado el terrorismo.
Al respecto, Espinoza dijo que el sistema judicial protege "a quienes, válidamente, en base a un debido proceso, están siendo investigados o ya juzgados", pero también se pronunció en contra de una normativa que perdone el delito en perjuicio de las víctimas.
"No se está persiguiendo a todas las FF.AA. y policiales, lo venimos diciendo en diferentes espacios. Tenemos héroes policías y militares que han hecho mucho por nosotros contra la delincuencia terrorista, pero esta Ley de Amnistía lo que busca, lamentablemente, es que se les perdone el delito a los que están siendo investigados", dijo.
"Hay que pensar tanto en el investigado que merece un debido proceso y para eso está el Poder Judicial. No se diga alegremente de que es injusto que se les persiga. No es injusto porque el Poder Judicial, en un debido proceso, debe cautelar los derechos de ese investigado. También no hay que olvidarse de las víctimas. No es un tema de rencor, es un tema de reparación elemental, porque todavía se tiene a muchas víctimas que están desaparecidas y no se les ha encontrado", agregó.
Ley de Amnistía es "absolutamente inconstitucional"
El último 15 de agosto, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, la fiscal de la Nación ya había sentado posición sobre la 'Ley de Amnistía'.
“La señora presidenta ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad allí, pero en su momento, las responsabilidades se van a ir dando de todas maneras”, dijo.
En esa misma entrevista, Espinoza calificó a la referida norma como "un insulto a las víctimas de violación de derechos humanos” y señaló que "va en contra de los compromisos del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
El pasado 14 de agosto, el mismo día de la promulgación de ley, la fiscal superior coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, había adelantado que solicitaría a la Fiscalía de la Nación presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Dicha norma resulta jurídicamente inviable, vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos”, afirmó Quico Palomino en un video difundido por el Ministerio Público.
La magistrada explicó que la ley obstaculiza el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a los derechos humanos. “Estaremos solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley”, enfatizó.
La decisión —indicó— fue adoptada tras un análisis conjunto de los fiscales de los Subsistemas Especializados en Derechos Humanos e Interculturalidad, Terrorismo y delitos conexos. “Reafirmamos el compromiso institucional con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas”, subrayó.