El acuerdo, que se firmó en febrero en Brasil con la Fiscalía y la Procuraduría, garantiza el pago de la reparación civil de parte de Odebrecht, además de los testimonios de sus exdirectivos y la información de sus servidores para las investigaciones de los casos vinculados a la constructora.
El acuerdo de colaboración con Odebrecht pasó el control de legalidad. El Poder Judicial homologó el documento firmado entre el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc y la multinacional brasileña involucrada en casos de corrupción en el Perú, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.
El acuerdo fue firmado el pasado 15 de febrero en Sao Paulo, Brasil. Consta de 739 tomos, que contienen un total de 147,801 folios, los cuales fueron entregados al juzgado de la magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho el pasado 25 de marzo. De acuerdo con información del portal IDL-Reporteros, el acuerdo fue aprobado en los términos presentados por el equipo del caso Lava Jato. Para este miércoles está prevista una conferencia de prensa de parte de la Fiscalía y la Procuraduría en la que se espera que se den a conocer más detalles sobre la homologación.
Lo que incluye el acuerdo
En febrero pasado, el fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, explicó que el acuerdo permitirá la entrega de pruebas y testimonios -entre ellos los de exdirectivos como Jorge Barata para las investigaciones en cuatro casos en los cuales Odebrecht admite actos de corrupción: los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; vía de Evitamiento en Cusco y la Costa Verde del Callao. Se trata del primer acuerdo de colaboración eficaz a nivel corporativo en la historia del Perú,
Además, la compañía brasileña se comprometió al pago de 1,210 millones de soles: 610 millones por reparación civil, 150 millones por intereses y 450 millones en impuestos a la Sunat. La empresa también se compromete a brindar testimonios de exdirectivos, pruebas e información de los servidores My Web Day y Drousys, usados para encubrir el pago de coimas. El acuerdo se firmó bajo el amparo de la Ley 30737, aprobada el año pasado por el Congreso, cuyo reglamento brindó el marco legal para la colaboración de empresas con la justicia peruana.
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