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por Julio Cisneros
·La Fiscalía pidió 22 años y ocho meses de prisión para el congresista José Luna Gálvez por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.
El Poder Judicial iniciará el viernes 19 de diciembre la audiencia de control de la acusación fiscal presentada contra el congresista José Luna Gálvez y un grupo de personas, entre naturales y jurídicas, por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Mediante una resolución emitida el último 7 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el juez Jorge Chávez Tamariz comenzará la denominada etapa intermedia de este proceso penal, en la que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes procesales involucradas, a fin de establecer si se cumplen los requisitos para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.
El magistrado dispuso que está audiencia preliminar de control mixto se desarrolle de manera "presencial" en la fecha señalada desde las 9:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada la cuadra siete de Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán asistir las partes procesales involucradas a esta audiencia programada que tiene carácter de "inaplazable".
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) pidió 22 años y ocho meses de prisión para el congresista José Luna Gálvez, al acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado a raíz de este caso.
El pedido de la Fiscalía
La instancia también solicitó 16 años y cuatro meses de prisión por los mismos delitos para José Luna Morales, regidor municipal e hijo de José Luna Gálvez; 16 años y cuatro meses para José Cavassa por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de prisión para los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila y Sergio Noguera, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
Además, se solicitó 10 años y cuatro meses de prisión, así como las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para un grupo de exfuncionarios de la ONPE implicados en el caso.
Se solicitó también multas de entre 200 y 850 días-multa para los imputados, y para las personas jurídicas Universidad Telesup, 500 UIT (S/ 2 775 000), así como para el partido Podemos por el Progreso del Perú, 250 UIT (S/ 1 337 500).
La acusación fiscal comprende a 19 personas naturales y 2 personas jurídicas -como la universidad privada Telesup y el partido político Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú)- por los presuntos delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) presentó requerimiento mixto (sobreseimiento o archivo en un extremo y acusación, en otro) contra 19 presuntos integrantes de una organización criminal que operó, desde el año 2014, con la finalidad de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú.
El congresista José Luna Gálvez también afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
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