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por Julio Cisneros
·Ambos son investigados por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El Poder Judicial iniciará este lunes 11 de agosto la evaluación del pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por 18 meses contra el congresista José Luna Gálvez y su hijo, el regidor municipal José Luna Morales, como parte del proceso penal que se les sigue por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En una audiencia de carácter "presencial" a realizarse desde las 9:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima, el juez Jorge Chávez Tamariz analizará el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada -Equipo 3- para que se dicte esta medida contra dicho legislador, su hijo y otras ocho personas, entre las que se encuentran José Cavassa y los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo, a raíz de este caso.
El magistrado reprogramó está audiencia, que estuvo inicialmente fijada para el último martes 22 de julio, debido a que los abogados de varios de los investigados solicitaron un plazo razonable para analizar los folios u hojas del requerimiento fiscal, que superan los 4 000, a fin de ejercer una “adecuada defensa”.
El juez Chávez Tamariz informó que la audiencia, de ser necesario, se podría continuar el martes 12 de agosto desde las 2:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. a fin de escuchar todos los alegatos de las partes.
El magistrado estimó que, si se cumplen con los tiempos establecidos, la resolución podría emitirse tres días después de concluida esta audiencia.
El congresista José Luna Gálvez también afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
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