La abogada penalista Romy Chang señaló que la Fiscalía tiene fundamentos para pedir la prisión preventiva contra Yenifer Paredes
La abogada penalista Romy Chang señaló que la Fiscalía tiene fundamentos para pedir la prisión preventiva contra Yenifer Paredes | Fuente: RPP Noticias

La abogada penalista Romy Chang, en diálogo con RPP Noticias, consideró que lo sucedido en Palacio de Gobierno el último martes, cuando la Fiscalía y la Diviac llegaron a detener a Yenifer Paredes, cuñada del Presidente de la República, y la posterior entrega a las autoridades de ésta son argumentos que reforzarían una probable solicitud de prisión preventiva en su contra de parte del Ministerio Público.

"Al no entregarse voluntariamente desde el principio, es decir, a hacerse todo este tema de impedir que las autoridades ingresen a Palacio (...) y de recién ir al día siguiente, yo creo que ha agravado su situación porque ha reforzado uno de los elementos que viabilizan la prisión preventiva que es la posibilidad de fuga o la posibilidad de obstruir la investigación", sostuvo.

Para la abogada, esta posibilidad de fuga representa una conducta procesal que la Fiscalía y el Poder Judicial valorarán como parte de un pedido de prisión preventiva contra la hermana de la Primera Dama.

"Porque ya no hay garantía de que, si en algún momento se le da libertad y cambia de opinión y se vuelve a fugar, entonces el fiscal se queda sin caso. Frente a eso, el fiscal tiene que adoptar medidas y tiene que pedir al juez medidas que resguarden a la persona", explicó.

Además, Chang consideró que, tras la detención preliminar, la prisión preventiva es una posibilidad casi evidente en el desarrollo del proceso por parte del Ministerio Público.

"Los presupuestos son muy similares. Es decir, si en este caso ya la Fiscalía pidió la detención preliminar, es porque en verdad tiene ya todos los elementos para pedir una prisión preventiva. Por eso es que el patrón se repite y, lo más probable, es que vaya por la preventiva. Salvo que, como lo hemos visto antes, haya algún tipo de colaboración eficaz", señaló.

Sin embargo, la jurista consideró que la posibilidad de colaboración eficaz por parte de Paredes "no es el camino", ya que "no hay mucho que ella pueda aportar que no estén aportando ya otros colaboradores".

Obstrucción a la justicia

Por otro lado, Chang señaló que no es un comportamiento "lógico" del procesado el evitar su detención; pero que, de comprobarse que el Presidente y otros funcionarios públicos evitaron la detención de Paredes, entonces ya se está produciendo un delito.

"Para la persona que recibe la orden, se entiende plenamente porque, que se escape o no, no es un tema de obstrucción (...) Pero eso no aplica para los que están alrededor, no aplica para la seguridad, para los policías, para el jefe de seguridad de Palacio. Son cosas muy distintas porque ellos sí tienen una obligación de cumplir con las leyes y porque sobre ellos no recae la detención", explicó.

En ese sentido, señaló que el Presidente de la República ha asumido una posición de obstruir constantemente a la justicia.

"Lamentablemente, el Presidente ha asumido una posición en la que evita que las personas den sus declaraciones y que también afronten las investigaciones fiscales. Él considera que eso es un ataque (...) y, por tanto, desobedece incluso las órdenes judiciales de allanamiento", remarcó.

Para Chang, esta "actitud obstruccionista" puede tener dos repercusiones contra el jefe de Estado.

"La primera respecto a la medida que la Fiscal pueda solicitar al Poder Judicial (...), por ejemplo, una prisión preventiva, que es algo que se valora ahí. Y la segunda, que se puede hablar de varios delitos. Por ejemplo, el delito de obstrucción a la justicia que está sancionado en el Código Penal, pero también delitos de encubrimiento", sostuvo.

La abogada consideró que esto puede ser motivo de nuevos presuntos delitos por los cuales se puede procesar al Presidente. Además, esto alcanzaría a los funcionarios de Palacio de Gobierno de comprobarse que actuaron en esa línea.

"En el Perú hay una regla de oro cuando hablamos de las órdenes. No es posible justificar mi desobediencia a la autoridad alegando una orden que yo sé que es manifiestamente ilegal (...) Yo sé que lo estoy haciendo y por más que el Presidente me lo ordene, no lo puedo hacer porque no me voy a poder justificar con esa orden después, cuando me inicien una investigación penal", argumentó.