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por Julio Cisneros
·La defensa del exministro Juan José Santiváñez alega que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, viene desplegando un conjunto de actuaciones que no corresponden con una conducta objetiva.
El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, insistió en su pedido al Poder Judicial para que ordene al Ministerio Público el cese de sus pretensiones de privarlo de su libertad.
A través de su defensa legal, el extitular del Interior apeló la sentencia que emitió el pasado 2 de julio la jueza constitucional Delia Tello, quien declaró "improcedente" la demanda de habeas corpus que presentó contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y cualquier otro fiscal perteneciente al Ministerio Público, por una presunta vulneración del derecho a la libertad personal y al debido proceso penal.
Si este recurso de apelación es "concedido" por la magistrada, se deberá remitir a una Sala Constitucional de Lima, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual, para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
¿Qué alega la defensa legal de Santivañez?
La defensa legal del extitular del Interior demanda en su acción de habeas corpus el cese de la amenaza “cierta” e “inminente” de la violación del derecho a la libertad personal y evitar futuras turbaciones o privaciones ilegítimas de la libertad de su patrocinado, al sostener que los demandados pretenden privarlo de su libertad, sin el cumplimiento estricto de las garantías procesales.
En dicho recurso, se alega que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, viene desplegando un conjunto de actuaciones que no corresponden con una conducta objetiva, imparcialidad ni respetuosa del debido proceso que debe regir toda actuación del Ministerio Público.
Y es que la defensa señala que el allanamiento ejecutado en la vivienda de Santiváñez, el último 19 de marzo, fue desproporcionado y arbitrario, ya que esta medida fue claramente “premeditada” porque no obedeció a una necesidad procesal inmediata, sino a una “estrategia de presión política”; ya que fue autorizada con más de dos semanas de anticipación y deliberadamente ejecutada dos días antes de que el Congreso debatiera una moción de censura en contra de del exministro.
También remarca que la titular del Ministerio Público estaría impulsando acciones tendientes a solicitar la detención de su patrocinado en represalia por haber interpuesto una denuncia formal contra dicha magistrada ante la Junta Nacional de Justicia, por extralimitarse en sus funciones y vulnerar los principios de objetividad, legalidad y control jurisdiccional propio del Ministerio Público lo que pone en grave riesgo la libertad personal de su defendido, así como su derecho a un proceso imparcial.
No obstante, la magistrada Delia Tello desestimó esta demanda de habeas corpus al determinar que, en este caso, no se advierte que se haya producido una solicitud de prisión preventiva contra el extitular del Interior, existiendo solo especulaciones subjetivas de ello.
La magistrada precisa que, de producirse este requerimiento, sería una facultad inherente al despacho de la titular del Ministerio Público correspondiendo en todo caso al Poder Judicial emitir su pronunciamiento correspondiente.
"Claro está que, si se amparara una pretensión bajo estos alcances, evidentemente conllevaría a que todas las personas contra las cuales el Ministerio Público postularía un pedido de prisión preventiva serían pasibles de ser demandados vía habeas corpus, lo cual, a todas luces resulta ser inviable", remarcó la jueza Tello Díaz en su sentencia.
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