Agentes federales detuvieron a un hombre en Boyle Heights con un despliegue violento que incluyó proyectiles y gas lacrimógeno, pese a la presencia de niños.
Un operativo policial en pleno barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, encendió la indignación ciudadana tras la difusión de videos donde se observa a agentes lanzando gas lacrimógeno contra un auto con una mujer y dos niños en su interior. La intervención, que culminó con la detención de Christian Cerno Camacho, fue ejecutada por hombres armados en camionetas sin distintivos oficiales, lo que aumentó la preocupación entre los vecinos por la forma en que se aplican estos procedimientos en zonas residenciales.
En la intersección de Whittier Boulevard y Calzona Street, testigos aseguran que los agentes descendieron de dos camionetas grises, apuntaron al vehículo Sedán blanco y, sin recibir respuesta del conductor, comenzaron a disparar proyectiles no letales y a lanzar gas lacrimógeno, sin notar que había menores a bordo.
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Detención federal con fuerza excesiva en zona residencial
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que el arresto fue una “detención dirigida” contra un supuesto “alborotador violento”. Según sus informes, Camacho habría participado en una protesta contra ICE en Paramount y agredido a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Afirmaron que el detenido intentó huir, motivo por el cual se utilizó la fuerza para reducirlo.
Sin embargo, la comunidad de Boyle Heights sostiene que el operativo fue desproporcionado. El abogado de Camacho, Christian Contreras, anunció que tomará acciones legales por el uso de gas en un vehículo con niños, alegando que se violaron derechos civiles y se puso en peligro a menores sin justificación válida.
Testimonios de vecinos y reacciones comunitarias
Santiago Domínguez, testigo directo, describió la escena: “Lo que vi fueron dos camionetas bloqueando un coche, lanzando gas lacrimógeno, y había bebés en el vehículo. Es inaceptable”. La denuncia fue replicada en una conferencia de prensa comunitaria, donde diversas organizaciones exigieron el cese inmediato de redadas violentas en vecindarios poblados.
Videos tomados por ciudadanos durante la intervención muestran la rápida escalada del operativo. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de indignación en todo el sur de California, especialmente entre colectivos inmigrantes que ya ven con desconfianza a las autoridades federales.
DHS justifica la captura, pero crecen los cuestionamientos
Según ICE, Camacho tenía una orden activa de arresto por evasión y daños a propiedad federal. La agencia argumenta que la intervención fue legal y justificada. Sin embargo, los métodos empleados reavivaron tensiones de larga data entre comunidades inmigrantes y cuerpos de seguridad federales.
Organizaciones locales afirman que esta acción forma parte de un patrón de intervenciones donde se prioriza la captura a cualquier costo, sin importar la seguridad de los civiles presentes. El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la necesidad de reformar los protocolos federales, especialmente cuando se trata de zonas urbanas habitadas por familias inmigrantes.
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