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por Redacción USA
·En medio de protestas contra redadas migratorias, el Pentágono advierte sobre posible despliegue de Marines si la violencia escala en EE.UU.
El Departamento de Defensa advirtió este fin de semana que, de continuar las protestas violentas contra redadas migratorias en EE.UU., se podría autorizar el despliegue de Marines de Camp Pendleton. La medida se enmarca en un momento de gran tensión, con protestas que han escalado en ciudades como Los Ángeles, donde ya operan efectivos de la Guardia Nacional.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que estas tropas están en “alto estado de alerta” y listas para intervenir si la situación de violencia empeora. Se trata de una decisión sin precedentes recientes, que despierta inquietudes sobre el uso interno de fuerzas militares con funciones de seguridad pública.
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Riesgos y límites legales
El posible envío de Marines abre un debate constitucional. Aunque el gobierno invocó el título 10 del Código de los Estados Unidos (USC) para justificar el uso de tropas en situaciones de “rebelión”, organizaciones civiles y políticos cuestionan su validez sin una declaración formal de emergencia nacional. De hecho, la Ley Posse Comitatus prohíbe expresamente la participación de fuerzas armadas en labores de policía interior en EE.UU., salvo excepciones legales específicas.
Reacciones y repercusiones
Diversos colectivos y autoridades estatales han expresado alarma. La ACLU manifestó públicamente que la presencia militar podría escalonar la violencia y minar la confianza ciudadana. El alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, y varios legisladores recordaron que las fuerzas policiales locales aún pueden controlar las protestas pacíficas y que la militarización podría obstaculizar soluciones democráticas.
En este contexto, el anuncio del Departamento de Defensa representa una postura de máxima preparación, pero también encarna un dilema sobre la línea que separa la seguridad nacional del uso de la fuerza militar dentro de la ciudadanía estadounidense.
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