La posible reestructuración del sistema de apoyo a la educación en USA genera preocupación por su impacto en la distribución de fondos.
La propuesta de eliminar el Departamento de Educación, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, ha generado preocupación entre líderes educativos en Estados Unidos. Esta iniciativa busca reducir el tamaño del gobierno federal y transferir mayores competencias a los estados, lo que ha despertado inquietudes sobre cómo se gestionarían programas clave.
El Departamento de Educación de Estados Unidos desempeña un papel crucial en la administración de programas financiados con subvenciones federales, así como en la protección de derechos fundamentales relacionados con la educación. Entre estos se encuentran la igualdad de género, los servicios para estudiantes de bajos ingresos y la educación especial.
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Impacto en la financiación educativa
En Illinois, la financiación de las escuelas públicas se basa en una combinación de fondos locales, estatales y federales. Según 25 News, el 41% del presupuesto de las Escuelas Públicas de Peoria proviene de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés), el 19% se financia con fondos federales y el 23% con ingresos locales, principalmente de impuestos a la propiedad.
La posible eliminación del Departamento de Educación genera incertidumbre sobre cómo se garantizaría la distribución eficiente de estos fondos federales, especialmente para programas que dependen directamente de este apoyo.
Al respecto, el superintendente Jontry advirtió que los servicios para estudiantes con necesidades especiales, que actualmente reciben una parte significativa de su financiación del gobierno federal, podrían enfrentar serios desafíos si no se establece un mecanismo claro para redistribuir esos recursos.
“Estamos sujetos a las leyes federales relacionadas con los estudiantes con necesidades especiales, y la eliminación del departamento no hará que esas leyes desaparezcan”, declaró Jontry, según 25 News. No obstante, el problema radica en determinar qué agencia o nivel de gobierno asumiría la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas normativas.
Créditos: YouTube | @FactsMatterxCrossroadsES
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