A pesar de una orden judicial que bloquea las deportaciones, la administración Trump ha expulsado a más de 200 inmigrantes venezolanos, generando críticas y preocupaciones legales.
La administración del presidente Donald Trump ha deportado a más de 200 migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de una orden judicial que bloquea temporalmente estas acciones. Esta decisión ha generado una ola de críticas por parte de defensores de los derechos humanos y expertos legales.
El juez federal James Boasberg había emitido una orden que impedía al gobierno utilizar esta ley para deportar a migrantes sin el debido proceso. Sin embargo, la administración Trump argumentó que la seguridad nacional justificaba estas acciones y procedió con las deportaciones.
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Reacciones y consecuencias
Las deportaciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y líderes políticos, quienes argumentan que estas acciones violan los derechos fundamentales de los migrantes y socavan el estado de derecho. Además, se ha cuestionado la legalidad de ignorar una orden judicial federal.
El gobierno de Venezuela también ha condenado las deportaciones, calificándolas de ilegales y exigiendo el respeto a los derechos de sus ciudadanos. La situación ha generado tensiones diplomáticas y ha puesto en el centro del debate la política migratoria de la administración Trump.
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