Desafíos 2019 en Perú: más de 23 mil delitos ambientales por resolver y una reserva marina que espera su creación

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió cinco temas que estarán en el centro del debate ambiental durante 2019 en Perú.

1.- Hidrovía Amazónica: la oposición de los pueblos indígenas

El 22 de diciembre de 2018, el Consorcio Cohidro —integrado por una empresa peruana y una china y responsable de la ejecución del proyecto de la Hidrovía Amazónica— presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta obra que abarcará más de 2600 kilómetros de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas.

La propuesta fue cuestionada principalmente por organizaciones indígenas de la zona de influencia del proyecto, así como por investigadores científicos que advierten sobre posibles afectaciones al medio ambiente.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) —institución estatal que analiza los estudios ambientales— en la primera semana de enero se definirá si lo que presentó la empresa procede para evaluación. De pasar esta etapa, el EIA será analizado en los 145 días siguientes.

Pero Francisco Rivasplata, coordinador del programa Derechos y Amazonia de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que se “presentará un panorama complicado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) —responsable del proyecto— si se aprueba el EIA antes de que se solucionen los reclamos de las organizaciones indígenas”.

Rivasplata recordó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) han presentado una demanda ante el Poder Judicial para que se realice el proceso de consulta previa del estudio ambiental. “Las comunidades se van a oponer a un EIA que se apruebe sin un proceso de consulta previa”, asegura.

“Se ha paralizado el diálogo. Las federaciones han resuelto retirarse del Grupo de Trabajo Multisectorial”, señala Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, sobre la decisión de las organizaciones indígenas de renunciar a esta plataforma que reúne a la Presidencia del Consejo de Ministros, diez ministerios, los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali y tres federaciones indígenas (Orpio; Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Corpi-SL; y Organización Regional Aidesep Ucayali, Orau).

Este grupo tiene entre sus objetivos elaborar un programa de inversiones para atender las necesidades de estas comunidades. Sin embargo, en el comunicado del 3 de diciembre, las federaciones indígenas presentan una serie de demandas que —según indican— no se estarían cumpliendo.

Los cuestionamientos también llegan desde la ciencia. Un estudio sobre el río Huallaga realizado por el Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, señala —entre sus conclusiones— que el dragado o extracción de sedimentos en los lechos de los ríos podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana, puesto que la dinámica de estos cuerpos de agua influye en todos los procesos relevantes para la formación de ecosistemas, además, podría perjudicar las condiciones de vida de especies migratorias como el dorado, un pez emblemático de los ríos amazónicos.

Jorge Abad, director del CITA, dice que en este proyecto “se están haciendo las cosas al revés”. El experto cuestiona que el Estudio de Ingeniería (EDI) —que ofrece detalles de la obra— se termine luego del estudio de impacto ambiental. “En cualquier parte del mundo, primero se hace el estudio detallado y, luego, con esos resultados se evalúa el potencial impacto de cualquier obra”.

“El proyecto debe eliminar el componente de dragado por la imposibilidad de medir el impacto sobre los ecosistemas acuáticos”, dice Paola Naccarato, especialista sénior en infraestructura de Wildlife Conservation Society (WCS), quien agrega que el EIA no puede brindar información sobre los impactos de mediano y largo plazo.

Por su parte, Mariana Montoya, directora de WCS en Perú, cuestiona que se entregue el proyecto a un consorcio chino “que ocuparía nuestros ríos por 20 años, con una serie de consecuencias que desconocemos y que son difíciles de evaluar, por tanto, de evitar o mitigar”. La directora de WCS considera que el Estado debe fortalecer las instituciones existentes, para que se encarguen de mejorar el transporte fluvial amazónico e implementar políticas de desarrollo acordes con estas regiones.

El panorama se presenta complicado para esta megaobra cuyo presupuesto supera los 94 millones de dólares. Según el cronograma, la aprobación del EIA debería estar resuelta para mayo de 2019 y el estudio de ingeniería tendría que estar listo en julio del próximo año.

En anteriores oportunidades, el MTC ha manifestado que este proyecto respetará el ecosistema y a las comunidades aledañas a los cauces de los ríos Marañón, Huallaga, Amazonas y Ucayali. Mongabay Latam buscó ahora su opinión,  pero no respondió a nuestra solicitud.

En una comunicación escrita, el Consorcio Cohidro manifestó que este 2019 cumplirá con los plazos establecidos en el contrato de concesión con relación a los estudios que se deben presentar. En cuanto a las crítcas, Cohidro señaló que “no ha recibido directamente aportes o cuestionamientos científicos del proyecto”. En cuanto a los conflictos con las organizaciones indígenas, Cohidro aseguró que están desarrollando una serie de actividades de diálogo y coordinación con estas federaciones. “Seguimos planificando actividades que nos permitan mantener ese canal de diálogo durante todo el proyecto”.

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2.- Ley de hidrocarburos y la ausencia de energías limpias

En más de una oportunidad, el proyecto para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos estuvo a punto de discutirse en el Congreso de la República durante el 2018. Esta norma, cuestionada por diversos sectores, finalmente fue enviada de regreso a la Comisión de Energía y Minas en noviembre del año pasado, para que se discuta nuevamente y se incorporen los cambios solicitados, principalmente, por el Ministerio del Ambiente, pero también por el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz se ha pronunciado sobre el artículo que generó más controversia, es decir, el que facultaba al Ministerio de Energía y Minas a emitir opinión vinculante sobre las decisiones de su sector. Ambos ministerios llegaron a un consenso con respecto a este tema.

Sobre lo que aún no hay consenso es sobre el pedido de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para que este proyecto de ley se someta a consulta previa. La Defensoría del Pueblo apoyó este requerimiento debido a que las actividades de hidrocarburos los afecta directamente, ya que muchas de ellas se realizan sobre territorio indígena. “La Comisión de Energía y Minas debe levantar todas las observaciones y atender el pedido de los pueblos indígenas para que se concrete la consulta previa”, precisa Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de esta institución.

La congresista Tania Pariona, quien integra la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, concuerda también con la Defensoría del Pueblo y con Aidesep, ya que existen experiencias similares como lo ocurrido con la Ley Forestal y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que fueron sometidas a la consulta previa.

“Rechazamos esta ley porque no estamos dispuestos a aceptar que continúen actividades que utilizan tantos productos químicos”, agrega Lizardo Cauper, presidente de Aidesep. “Han sido suficiente los 40 años de explotación petrolera a la que ha estado expuesta la selva”, finaliza.

Vanessa Cueto, directora de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, menciona que también se debe retirar el artículo que permite realizar la exploración sísmica con solo una declaración de impacto ambiental y revisar la propuesta de ampliar los contratos por hasta 60 años, medida que perjudica a los pueblos indígenas en cuyos territorios se han instalado concesiones de hidrocarburos. Cueto también espera que en el 2019 se discuta el cambio de matriz energética en Perú. “Debemos discutir sobre otras formas de generación de energía. Creo que ese es un pendiente en el país”. 

Cauper, de Aidesep,  también cuestionó la posibilidad de que esta norma abra la puerta al uso del fracking en Perú —técnica que facilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Al respecto, la directora de DAR señaló que, si bien la norma no es explícita, existe un artículo que se permite el uso de técnicas no convencionales para la explotación de hidrocarburos. “En algunos casos la única forma de aprovechar estos recursos es mediante el fracking y la norma no lo prohíbe”.

La congresista Pariona, espera que en el 2019 el debate sobre esta ley se amplíe hacia la comisión que ve los temas ambientales e indígenas y no se quede solo en la que promueve asuntos energéticos. “Que esta ley no se apruebe al caballazo como se intentó en el 2018”, comenta y agrega que se debería hacerse un análisis profundo de nuestra matriz energética. “Tenemos que contar con una legislación que nos permita tener un mayor control y una mejor gestión de los recursos”, comenta con relación a la necesidad de apostar por energías limpias como la eólica.

La congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, es más radical en su posición pues para ella se trata de un proyecto que debería enviarse al archivo. “Las observaciones plantean la reformulación de un proyecto que está mal concebido desde el inicio. Esta ley flexibiliza los estándares ambientales”, comenta. Foronda considera que se debería discutir el ordenamiento territorial del país para determinar dónde se pueden desarrollar las actividades de hidrocarburo y dónde deberían prohibirse.

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3.- ¿Habrá Reserva Nacional Mar Tropical de Grau?

En octubre de 2018, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, manifestó su total confianza en que la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau —en el norte de Perú— se concretaría en el 2019. “Creo que hacia marzo tendremos lista la propuesta final consensuada con todos los sectores para presentarla ante el Consejo de Ministros”, afirmó a Mongabay Latam.

Esta propuesta, que ya lleva varios años a la espera de que se haga realidad, depende de “la voluntad política”, asegura Alicia Kuroiwa, jefa de Campaña de Áreas Marinas Protegidas de Oceana Perú. “Sabemos que existe oposición y basta que uno de los sectores no esté de acuerdo para que la propuesta no se concrete”, comenta Kuroiwa.

Alexander More, director de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) Perú, también muestra su preocupación sobre el establecimiento de esta área reservada. More menciona los cuestionamientos que han surgido por parte del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). “El Imarpe ha puesto en duda la validez de los datos de otras instituciones que sustentan la creación del Mar Tropical de Grau. Incluso han cuestionado la selección de los cuatro espacios marinos que formarían la reserva”.

Mongabay Latam consultó con el Instituto del Mar del Perú sobre las observaciones que ha realizado al expediente y los riesgos de que dichos reparos paralicen la creación de esta área. En una comunicación escrita, Imarpe respondió que para la creación de la reserva se viene trabajando de manera conjunta con una retroalimentación permanente. “Dentro de ese contexto, Sernanp solicita opiniones al Imarpe. Se está trabajando en forma coordinada y la información estará consolidada cuando se culmine el referido proceso”.

La creación de esta área protegida marina también ha tenido críticas por parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. En una conversación con Mongabay Latam, su presidente, Felipe Cantuarias, dijo que es necesario revisar la Ley de Areas Naturales Protegidas, ya que la norma vigente no permite la coexistencia de explotación de hidrocarburos con zonas reservadas. Cantuarias señala que la nueva reserva afectaría las inversiones de las empresas que ya cuentan con concesiones de hidrocarburos en el mar del norte. “Se debe encontrar una fórmula que permita la aprobación de la reserva y que a la vez se promueva la inversión privada. Se ha conformado una Mesa Ejecutiva Minero Energético en la que esperamos llegar a consensos sobre este tema”.

La investigadora de Oceana recuerda que el Perú tiene un gran déficit en la protección de áreas marinas pues apenas alcanza el 0.4 % de su extensión oceánica y requiere llegar al 10 % para el 2020 si espera cumplir con sus compromisos internacionales.

Con la creación de esta reserva se avanzaría en 0.1 % hacia la meta, dice Kuroiwa. Es decir, que aún estaría pendiente un más de un 90 % de lo que se necesita proteger. Para ello, la bióloga propone que se consolide la creación de las áreas protegidas que incluya montes y cañones submarinos.

Según un estudio del Instituto del Mar del Perú, 17 cañones submarinos han sido identificados en las costas de Perú. Una de ellos es la cordillera submarina dorsal de Nazca, explica Kuroiwa, áreas oceánicas con las que Perú si podría cubrir su cuota marina bajo protección.

Sin embargo, la demora en la creación de la reserva marina del norte peruano no despierta muchas esperanzas para que el proceso de protección del mar avance rápidamente. El 2019 será un año decisivo para determinar hacia dónde avanzará el país en estos temas.

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Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí. 

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