¿Qué será mañana de los trabajadores informales de hoy?

Beatriz Vilca, comerciante de útiles escolares, y Oscar Valdivia, “jalador” de clientes para los negocios en una avenida importante, viven en distintas regiones. Beatriz, en Arequipa, y Oscar, en Tacna. No se conocen, pero tienen historias y preocupaciones similares: Trabajan más de 12 horas diarias para mantener a sus familias, sin descansos, ni vacaciones, ni seguro de salud, y lo que ganan difícilmente les alcanza para ahorrar.

Ambos ya han pasado los 50 años y pensar en jubilarse y recibir una pensión digna no es una opción viable para ellos. Beatriz y Oscar, al igual que millones de peruanos, son trabajadores informales y, si bien han tenido en algún momento de sus vidas empleos formales, ahora ven esa opción muy lejana.

“Ahora, por la edad, las empresas no nos reciben. Cuando pasamos la barrera de los 50, las empresas nos miran con otros ojos porque envejecemos y no tenemos la fuerza de la juventud: la juventud es pasajera”, afirma a RPP Beatriz, mientras atiende su puesto en la avenida Garcilaso de la Vega, una de las zonas más comerciales del distrito arequipeño de Socabaya.

Formal o informal y sin importar la edad, para Oscar, trabajo es trabajo. “De acá al futuro, no sabemos lo que nos va a pasar, pero [quiero] pedirle a Dios que me de vida para poder seguir adelante porque mantengo a mis hijos, le doy para sus estudios. Aquí es donde yo percibo [lo necesario] para poder llevar un pan a la casa”, dice mientras busca el interés de los transeúntes que circulan por la avenida Bolognesi.

Como Beatriz y Oscar, más de 3 millones de peruanos de 45 años a más que trabajan lo hacen en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin otra posibilidad de sustento más que el de un empleo sin contrato formal, salen a la calle día a día a trabajar por sus familias.

A fines de 2021, eran 13 millones de peruanos los que tenían un empleo informal, es decir, 3 de cada 4 trabajadores, alcanzando el registro más alto de los últimos 11 años. De acuerdo con el INEI, en el área urbana, la informalidad afectó al 71.4%, esto es, cerca de 9 millones y medio de personas. Y en el área rural, casi 4 millones de peruanos (el 95.4% de la población) tienen un empleo informal.

Por si fuera poco, la pandemia por la COVID-19 no solo le significó al Perú una crisis sanitaria, sino también una crisis económica que, según diversos especialistas, tuvo severas consecuencias en la población como el desempleo, la baja productividad, la reducción de ingresos y la precarización del trabajo.

En este contexto, conseguir un trabajo formal -más que una suerte- es casi una excepción. Lo sabe también María Valderrama, una comerciante de 35 años que trabaja vendiendo ropa en los exteriores de un terminal terrestre en el distrito de La Victoria, en Lima.

María es madre de dos niñas y asegura, mientras acomoda las prendas que venderá en el día, que la informalidad le da la flexibilidad que no le da un trabajo a tiempo completo. “A veces en los colegios hay muchas cosas que hacer y [si tuviera un trabajo formal] tendría que faltar por una reunión. Acá puedo faltar cualquier día y normal, nadie me descuenta nada”, sostiene. Si bien el trabajo que tiene se adecúa a su ritmo de vida actual, María no pierde de vista el objetivo de encontrar un trabajo formal antes de su vejez.

No es coincidencia que Beatriz y María sean madres de familia quienes den sus voces para hablar acerca de la informalidad. En nuestro país, las mujeres suelen dedicar gran parte de su tiempo a tareas del hogar no remuneradas, lo que les dificulta encontrar un empleo con condiciones laborales dignas.

Tampoco es coincidencia que, en los tres testimonios recogidos por RPP, sea la necesidad el factor determinante que las arrastra hacia esta modalidad. En el Perú, de cada 100 peruanos, 26 se encuentra en situación de pobreza y otros 35 están en riesgo de caer en ella. De todo este grupo, el 90% tiene un empleo informal, según el INEI.

Al verse excluidos del mercado laboral formal, las personas buscan una manera de mantener a sus familias. No obstante, limitarse a vivir del día a día puede traer una serie de consecuencias a largo plazo que afecte su calidad de vida. Y esa realidad la vemos constantemente en nuestro país. Especialistas consultados por RPP coinciden en que, sin beneficios laborales ni acceso al sistema de pensiones, aseguramiento en salud o acceso a programas sociales, será complicado que el trabajador informal de hoy viva un mañana digno.

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Informalidad en el Perú, (por el) pan de cada día

La informalidad es una idea relativamente moderna en nuestro país. Acuñada a mediados de la década de los años 80, este concepto propone que el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica pertenecen al sector informal.

Para Janina León, economista y jefa del Departamento de Economía de la PUCP, una persona que trabaja en la informalidad reúne alguna o todas las siguientes características: labora sin contrato, no se encuentra en planilla o no cuenta con acceso a la seguridad social.

Esto quiere decir, de acuerdo con el economista Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, que trabajar en la informalidad no solo “supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, sino también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer”.

Trabajar en la informalidad no solo supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, sino también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer.

Así, los trabajadores informales no cuentan beneficios sociales como un seguro de salud, pensión o seguro de desempleo. Incluso, a pesar de que la normativa les permite contratar alguno de estos servicios, ya sea a través de una entidad pública o privada, su nivel de ingresos es tan bajo que no pueden hacerlo, afirma Carlos de los Ríos, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“Aproximadamente el 89% de los trabajadores informales en áreas urbanas labora o por cuenta propia o en empresas de 1 a 10 trabajadores (mypes), que típicamente se caracterizan por su baja productividad y que se concentran en el sector comercio y servicios”, asegura.

Tal es el caso de Beatriz, Oscar y María. Mientras la primera presta servicios en una microempresa, los otros dos son trabajadores independientes. Ninguno tiene un seguro de salud que los proteja ahora o en el futuro frente a, por ejemplo, enfermedades como la COVID-19.

Tampoco cuentan con seguro de desempleo o Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ni están afiliados al sistema de pensiones, factores fundamentales para reducir la probabilidad de que la pobreza se traslade generación en generación, de acuerdo con De los Ríos.

Además, se les limita el acceso al sistema financiero, por lo que no podrían sacar algún crédito para invertir y aumentar su productividad. “Tan solo el 56% de los trabajadores informales tiene algún tipo de cuenta bancaria, en contraste con el 91% de los trabajadores formales. Esto los invisibiliza en casos de emergencia, como en la entrega de transferencias monetarias”, añade el investigador.

La economista Janina León resalta que la informalidad es el reflejo de un problema más profundo que va más allá de la legalidad: la generación de empleo. Según explica, cuando hay una gran cantidad de mano de obra, el sector privado “contrata a más personas dependiendo de cuan mayor es su producción o actividad económica”.

“Tan solo el 56% de los trabajadores informales tiene algún tipo de cuenta bancaria, en contraste con el 91% de los trabajadores formales”.

Cuando la productividad es alta, se dan las condiciones para más y mejores empleos formales, sobre todo en sectores donde se usa de manera más intensiva la mano de obra, resalta la especialista.

Sin embargo, históricamente, nuestro país se ha caracterizado por ser muy poco productivo. Un informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en el 2014 concluyó que nuestro nivel de productividad era cinco veces menor al de Estados Unidos, debido a, entre otras razones, la alta concentración del empleo en las microempresas.

A esto se le suma que la inversión privada en el Perú, otro de los pilares que sostiene nuestra economía, no presenta una expectativa favorable para el futuro cercano, de acuerdo con Paola del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo.

Según cálculos del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada -el segundo componente -más importante del Producto Bruto Interno (PBI) en nuestro país- tendrá un crecimiento nulo este 2022. Esto impactará en la cantidad de recursos a disposición del sector privado, limitando su crecimiento y, por tanto, su capacidad de generar empleo formal.

En resumen, los peruanos y peruanas que trabajan en la informalidad enfrentan una serie de privaciones que merman su calidad de vida. A futuro, ¿qué sucederá con ellos y sus familias? Al encontrarse desprotegidos, la responsabilidad de velar por su vejez no solo recaería en sus familiares, sino también en el Estado.

El componente edad, un obstáculo más

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el grupo etario que concentra la mayor cantidad de trabajadores informales es aquel que va desde los 14 a los 24 años con el 90.3%. El siguiente grupo poblacional más afectado por la informalidad es el de 65 años a más con un 87.7%.

“Toda mi vida he trabajado”, señala María Valderrama, quien recordemos tiene 35 años. Desde los 16 años, ella es parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y ha pasado por distintos empleos para mantener a su familia. Sin embargo, es consciente de que más adelante no tendrá la misma energía.

“He tenido que trabajar mucho, arduamente, para poder adquirir un lugar donde vivir. Pero no toda la vida voy a tener las mismas fuerzas que tengo ahora. Por eso quiero, con el tiempo, poder confeccionar mi propia mercadería para darles sus estudios a mis hijas”, expresa.

Beatriz Vilca (53), por su parte, también cuenta con un plan para sostener a sus hijos en los próximos años: "Pienso encontrar un buen trabajo en una empresa o crear una pequeña empresa para así trabajar con mis hijos, juntos. Una empresa propia. Porque ya todo se ha acabado, ya nada es igual como antes”.

Ambas piensan seguir trabajando y es probable que lo sigan haciendo incluso habiendo entrado a la tercera edad. De acuerdo con Del Carpio, vivir del día a día puede extenderse indefinidamente y, mediante vaya perdiendo fuerza para trabajar, se hará más difícil la subsistencia de la persona y su entorno.

“En el caso particular de los temas de pensiones, tanto adultos mayores como sus familias pueden entrar en vulnerabilidad o en pobreza una vez que dejan el mercado laboral, porque siguen teniendo necesidades de consumo. Por eso, muchos no pueden abandonarlo a pesar de no estar en condiciones físicas para seguir trabajando”, afirma la coordinadora de investigación de Redes.

Por ese motivo, es urgente atacar a la informalidad desde los fenómenos que la causan y anticiparse a sus consecuencias, sostiene para RPP, Silvana Vargas, exministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). A grandes rasgos, esto significa promover el empleo formal a través de una política de Estado integral que favorezca al crecimiento económico sostenido, a la vez que se pone al servicio de la población una red pública de protección social universal.

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Por una vejez digna para los trabajadores informales

La necesidad de una protección social universal

La protección social en el Perú se encuentra bajo la rectoría del MIDIS. Esta, según Vargas, se entiende como “el conjunto de medidas o respuestas que activa el Estado para proteger, contener y apoyar a la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad”, es decir, la población que experimenta pobreza o pobreza extrema.

“La lógica de la protección social suele segmentarse en tres grandes componentes: alimentario; de empleo y temas productivos; y otro vinculado a las pensiones, a todo el tema previsional”, apunta la exministra.

Para alcanzar a diferentes poblaciones objetivo, se opera bajo un enfoque de ciclo de vida que distingue entre menores de 2 años, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en general. Asimismo, de acuerdo a su finalidad, existen programas sociales protectores (Juntos o Pensión 65), habilitadores (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES) o promotores (Cuna Más y Beca 18).

4 de cada 10 adultos mayores accede a Pensión 65. ¿Eso qué significa? Que estos se encuentran en condiciones de pobreza extrema y por eso actualmente el Estado los atiende.

Sin embargo, la protección social va más allá de solo programas sociales. Del Carpio recalca que la idea de asistir a las poblaciones vulnerables implica también brindarles acceso a un seguro de salud de calidad, a un fondo en caso de caer en el desempleo y a un sistema de pensiones que garantice su vejez.

Otro problema es el de la identificación: es más complicado dar apoyo a los trabajadores informales en situaciones de emergencia –como quedó evidenciado durante los primeros meses de la crisis sanitaria por la COVID-19-, al no estar registrados en una base de datos que detalle su estado de vulnerabilidad.

“No existe un censo de personas del sector informal. Eso hace que la protección social que se activa para atender a estas personas, en realidad no sea diseñada a partir de esa condición [la informalidad], sino a partir de algún rasgo demográfico: mujeres en edad fértil, miembros de un hogar que tienen niños menores de dos años u hogares que tienen un adulto mayor. Es otro tipo de criterios”, apunta Vargas.

En ello coincide Del Carpio, quien resalta que necesitamos mejorar los sistemas de información general, ya que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), entidad administradora del Padrón General de Hogares (PGH), únicamente considera las categorías “no pobre”, “pobre” o “pobre extremo”, lo que reduce la capacidad de identificar a tiempo a la población vulnerable.

De acuerdo con la especialista, solo así se tendrán las herramientas para generar programas especiales dedicados a esta población y llevar un seguimiento de su eficacia, sobre todo en momentos de emergencias.

Si bien recomienda diseñar instrumentos que articulen mejor la asistencia social con el acceso al mercado laboral poniendo el foco en temas de productividad, Del Carpio remarca que existe una propuesta que viene siendo estudiada desde hace mucho tiempo entre especialistas, pero que no es tan sencilla de ejecutar: la posibilidad de desvincular la protección social de la formalidad laboral.

“Actualmente, para poder acceder a una CTS o una pensión, debemos tener un vínculo formal. Sin embargo, no es el caso de la mayoría de los peruanos. Se discute si sería posible que esto salga de impuestos generales en lugar de que se financie la protección social con impuestos específicos a los formales”, explica.

En la misma línea, el economista Carlos de los Ríos asegura que una política pública a implementarse a mediano plazo sería el diseño de un sistema de protección social financiado independientemente de si se tiene trabajo o no, que consiste en una contribución básica de toda la población por medio de impuestos generales, además de aportes individuales.

En un país marcado por la desigualdad, afirma la exministra de Desarrollo e Inclusión, la redistribución de los recursos para implementar políticas de protección social es necesaria. Sin embargo, para ello, es fundamental contar con una base robusta de recaudación tributaria.

A nivel latinoamericano, Uruguay marca la pauta. El bienestar social del que gozan sus ciudadanos destaca por el acceso universal a un sistema de salud y a una amplia red de protección social, por lo que es reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial.

El Perú aún se encuentra lejos de alcanzar estos logros. La propuesta de financiar la protección social en base a los impuestos de todos los peruanos es costosa y difícil de lograr, según los especialistas. Sin embargo, no es imposible. “Es algo a lo que podríamos apuntar, habría que tomar la decisión y hacerlo de la manera más técnica posible”, anuncia Del Carpio.

 

Formalidad laboral: arrancar el problema de raíz

Para reducir las brechas sociales y promover el desarrollo, son vitales el crecimiento y la redistribución económica. Si regresamos en el tiempo, el Perú pasó de tener casi 6 de cada 10 de sus habitantes en esa situación de pobreza en 2004 a 2 de cada 10 en 2019, gracias a políticas que favorecían la inversión privada y la actividad productiva, a la par de atender a poblaciones vulnerables mediante programas sociales.

No obstante, la pandemia significó un fuerte revés para la economía nacional. Debido a las restricciones determinadas por el Gobierno para contener el avance del coronavirus en el Perú, la situación financiera de millones de familias se vio afectada. Ahora, casi un tercio de los peruanos está en riesgo de caer en la pobreza, según datos de la ENAHO 2021.

En este escenario, como hemos visto anteriormente, la informalidad laboral encuentra las puertas abiertas para perpetrarse. Si bien una red universal de protección social como medida de contención es fundamental, también lo es armar las condiciones para promover el empleo formal, sugieren los especialistas.

Al 2021, casi un tercio de los peruanos estaba en riesgo de caer en la pobreza.

Janina León reitera que, a largo plazo, se requiere que el crecimiento económico sea sostenido por la diversificación de la producción. A medida que las actividades de los sectores y las empresas en general se expandan, contratarán más mano de obra, lo que incrementará la oferta de empleo formal.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene previsto reducir el índice de informalidad laboral al 60% al 2030. Aun cumpliendo con este pronóstico, al menos 6 de cada 10 peruanos seguirán teniendo un empleo informal por los próximos 8 años.

Esta es una meta modesta para León, quien asegura que la clave está en hacer crecer la economía, a la vez que las autoridades, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), se encarguen de garantizar que el empleo formal se realice bajo las condiciones legalmente establecidas, y que creen oportunidades que favorezcan la inserción de poblaciones como los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y grupos étnicos, entre otros.

Para conseguirlo, Carlos Parodi, economista y profesor principal de la Universidad Pacífico, expone que se requieren políticas de Estado que no cambien dependiendo del Gobierno de turno, que promuevan la formalización a través de un paquete de reformas, no solo a nivel laboral, sino también en sectores como educación o salud, para que los trabajadores informales respondan y se adhieran al sector formal.

“Una política pública aislada de formalización no tendrá efecto alguno, como nuestra propia historia lo demuestra. Perú necesita una red de protección social y no esfuerzos aislados de algunos ministerios. El problema está en la visión, que debe ser integral”, afirma.

Apostar por mejorar las habilidades de los trabajadores, ya sea a corto plazo, a través de programas de capacitación en tecnología e innovación, o a largo plazo, mediante la elevación de los estándares de la calidad de la educación básica y superior, así como el fortalecimiento de las políticas que ven por el Desarrollo Infantil Temprano (DIT), son otras claves para combatir la informalidad, según Carlos de los Ríos.

Perú necesita una red de protección social y no esfuerzos aislados de algunos Ministerios. El problema está en la visión, que debe ser integral.

Finalmente, los investigadores del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), Gustavo Yamada y Pablo Lavado, recomiendan en la investigación “Empleo e Informalidad laboral” una serie de medidas para contrarrestar la informalidad en el Perú. Entre ellas resaltan las siguientes:

• Consolidar los regímenes tributarios vigentes: La política tributaria debería orientarse hacia la existencia de un único régimen general de impuesto a la renta.
• Simplificar las normas laborales: Es necesario simplificar una gran cantidad de procedimientos innecesarios y eliminar otros.
• Facilitar el cumplimiento de la tributación mediante las TIC y la declaración jurada anual del impuesto a la renta.
• Brindar incentivos a los trabajadores independientes para ser formales a través de la creación del Registro Nacional de Trabajadores Independientes (RNTI).
• Facilitar el intercambio de servicios entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud)
• Brindar flexibilidad a los contratos indeterminados, incluyendo la posibilidad de cesar o cambiar la modalidad del contrato de un empleado por razones más amplias que la baja productividad y/o una falta grave.

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Reducir la informalidad en el Perú no es un proceso sencillo. Requiere diligencia, voluntad política y los recursos necesarios para implementar reformas integrales que revolucionen el mercado laboral, así como otros servicios indispensables que aseguren un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos.

A la par, el Estado debe preparar una respuesta de protección social que cubra a todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellos trabajadores informales que viven del día a día y que carecen de los beneficios que le aseguren una vejez digna.

Para Silvana Vargas, esta reacción de parte del sector público debe ser multisectorial por naturaleza y articular componentes de empleo, salud básica, seguridad alimentaria, Desarrollo Infantil Temprano y servicios públicos como acceso al agua o transporte.

Por lo pronto, la informalidad en el Perú seguirá existiendo y continuará concentrando la mayor cantidad de fuerza laboral. Millones de personas como Beatriz, Oscar y María mantendrán sus empleos informales, hasta que alguna oportunidad de formalizarse se les presente, pero convencidos de que su sacrificio y abnegación le valdrá a sus hijos mejores oportunidades cuando crezcan.

Los tres quieren ver a sus hijos crecer, estudiar y casarse. Les gustaría tener nietos y disfrutar de su niñez. Para entonces, quizás su fuerza ya no sea la misma que tenían en su juventud. Pero la tranquilidad de ya no tener que preocuparse por a dónde acudir si se enferma, qué hacer si algún día falta comida o si algún familiar pierde su empleo, debería ser una garantía. Eso es una tarea pendiente.