¿Cómo va la estrategia contra el tráfico ilegal de fauna silvestre?

El caso del zorrito Run Run ha puesto en el foco mediático un tema sumamente delicado al cual no le prestamos la debida atención, el tráfico ilegal de fauna silvestre. Este fenómeno delictivo es una las mayores amenazas para la conservación de la diversidad biológica del planeta. De acuerdo con data de Naciones Unidas del 2018, cada año el tráfico ilegal de vida silvestre moviliza entre USD 7,000 y USD 23,000 millones a nivel global.

Diego Lizcano, experto en biodiversidad de The Nature Conservancy, explica que este tipo de tráfico es regentado por mafias muy bien organizadas, que utilizan a comunidades indígenas o campesinas en situación de pobreza extrema, para que extraigan a los animales de su hábitat natural. Agrega que pocas veces las comunidades son conscientes que forman parte de una cadena criminal y por lo general son los peores pagados de la misma.

En el Perú, según data de la ex DGFFS, hoy Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre los años 2009 y 2012 se han decomisado alrededor de 13 mil 033 animales vivos. Solamente el 2014 se incautaron 4 mil especímenes. Entre las especies más traficadas están boas, lagartos, tortugas, la rana gigante del Amazonas, entre otras.

Los expertos de SERFOR han identificado cinco finalidades u objetivos del tráfico de fauna silvestre en nuestro país: la primera tiene que ver con abastecer a coleccionistas privados en Europa, Asia y América del Norte. La segunda para fines científicos y biomédicos. La tercera vinculada con la comercialización internacional en tiendas de mascotas. La cuarta aquella asociada con la industria de cuero, pieles y fibra. Finalmente, la quinta se centra en actividades ancestrales, caza deportiva, medicina tradicional y comercio de “buena fortuna” o de la buena suerte.

Las rutas de este comercio ilícito comienzan generalmente en pequeñas comunidades o zonas sumamente remotas andino-amazónicas. Estas derivan los animales a ciudades de “acopio”, que básicamente son Pucallpa, Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Tingo María. El tráfico ilegal se materializa por vía terrestre y fluvial. Sobre el primero destacan la carretera Jorge Basadre y Fernando Belaunde Terry. En relación con lo segundo, los principales ríos identificados son Ucayali, Marañón, Amazonas y Huallaga.

Para enfrentar este problema, el Estado ha diseñado y aprobado la Estrategia Nacional para reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027. Este instrumento de gestión tiene por objetivo general “Reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú”. Sin embargo, considero que hay dos aspectos que son importantes subrayar sobre esta herramienta.

La primera es que la Estrategia carece de ambición, es decir sus objetivos y metas son sumamente acotados, puntuales, superficiales, demasiado alejadas de lo estratégico, del impacto. En otras palabras, su consecución no demostraría que efectivamente el Perú ha logrado reducir el flagelo del tráfico ilícito de fauna silvestre. Por ejemplo, la meta I indica que se busca lograr que en el 100% de las regiones donde se ofertan y demandan especímenes de fauna silvestre, se haya llevado a cabo al menos una campaña de información y comunicación sobre los efectos del tráfico ilegal. La meta IV señala que al 2027 al menos 6 puestos de control en los principales puntos de salida internacional cuentan con infraestructura, equipos y personal adecuado. Como se puede apreciar, estas metas e indicadores no son los adecuados para una Estrategia Nacional y corresponderían a una dimensión mucho más operativa.

Segundo, que la propia Estrategia indica en el acápite “Monitoreo” que se elaborará un plan de trabajo a inicios de cada año, con la participación de las entidades involucradas, y un informe de evaluación del mismo año. En este sentido, sería muy interesante para los hacedores de políticas que SERFOR cuelgue en su portal los informes de evaluación del 2018 al 2020, para saber cómo van los niveles de cumplimiento, en aras de la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado.

A manera de conclusión, considero que SERFOR debe actualizar su principal instrumento de gestión en aras de tener metas mucho más ambiciosas de cara al flagelo del tráfico ilegal de fauna silvestre. De igual forma, la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN, ello ayudaría mucho para tener una Política mucho más sólida desde el punto de vista metodológico.