Políticas de Estado con enfoque de derechos humanos ya: El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y la crisis política

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en tanto órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), está en proceso de aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050). Dicho documento tiene como objetivo ordenar las prioridades del país en el “mediano y largo plazo, (…) considerando a la persona humana como el centro para integrar alrededor de ella los esfuerzos de la sociedad peruana y el Estado.”. Para ello, recurre a fuentes como el Acuerdo Nacional, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, o los ejes de la Política General de Gobierno 2021 – 2026.

De esa manera, propone una división en cuatro ejes: i) alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, ii) gestionar el territorio de manera sostenible, iii) elevar los niveles de competitividad y productividad; iv) garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas.

El esfuerzo del CEPLAN, sobre todo en un contexto de constantes crisis políticas con frecuentes e innecesarios cambios de timón en el Poder Ejecutivo, denota la necesidad de contar con políticas públicas de Estado que permitan que los diversos niveles y sectores del gobierno actúen sobre objetivos claros y duraderos, en favor de la población. Por ese motivo, el consenso político y el diálogo entre sus distintos actores, debería trascender los vaivenes diarios de la discusión partidaria, para contar con instrumentos que puedan ser transversales para el desarrollo de nuestra sociedad.

La adecuada protección de los derechos humanos debe estar integrada en tres niveles de la política pública: por un lado, en tanto estándares (contenidos desarrollados de derechos) que nos permita identificar las necesidades y demandas para alcanzar el adecuado desarrollo de las personas, tomando en cuenta sus interseccionalidades; por otro, en tanto principios para el desarrollo de dichas políticas, integrando la participación social, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección prioritaria de los grupos en mayores niveles de vulnerabilidad social acorde con los contenidos del enfoque de derechos humanos; y finalmente, en tanto desarrollo de valores democráticos, promoviendo una cultura de diálogo entre todas las personas, más allá del rol que cumplan en la sociedad.

En ese sentido, el IDEHPUCP presentó recomendaciones al documento elaborado por CEPLAN, que estuvieron dirigidas a incorporar como base los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, a transversalizar el enfoque de derechos humanos a lo largo de la planificación de cada uno de los ejes, a visibilizar a ciertos grupos que están en una situación de alta vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos, como las mujeres, las personas adultas mayores, las personas defensoras indígenas, las personas LGTBIQ+, los niños, niñas y adolescentes; entre otras. Además, a enfocarse en el rol que cumplen todos los actores, con énfasis en los actores empresariales, para la adecuada protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la gobernanza.

Asimismo, este esfuerzo, debe articularse con la implementación y actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, así como con el seguimiento y actualización de otros planes relacionados a derechos humanos, que permita generar una coherencia política en los mensajes del Estado, y que faciliten su implementación sobre la base de actividades e indicadores concretos y sostenibles.

De esta manera, focalizando los esfuerzos del Estado en aquellas obligaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos, de manera que respondan a las necesidades y demandas de las personas, y que las coloquen en el centro de las decisiones públicas; es que se pueden encontrar ciertos consensos que trasciendan los enfrentamientos políticos, y las diferentes crisis que la falta de dialogo nos viene generando.