¿Servicio militar obligatorio como respuesta?

El anuncio realizado por el presidente Castillo en el discurso de 28 de julio sobre la adecuación del servicio militar para incluir a aquellos jóvenes que no se encuentran trabajando, genera serias dudas en su concepción y aplicación. Tanto por el real impacto que dicha política pública pueda tener para solucionar problemas como el acceso al empleo o la disminución de la delincuencia; o por las dificultades que puede traer en el rol de las fuerzas armadas, y en la construcción de la ciudadanía que tanto se necesita en nuestro país.

En relación al primer punto, un estudio de GRADE del 2018[1] muestra que el grupo considerado “ninis”, es decir, aquellos jóvenes que no cuentan con un trabajo estable, no son un grupo uniforme, sino que abarca una diversidad de grupos con distintas causas que requieren de una aproximación particular a cada una de ellas. Reducir su problemática a la consecuencia de dicho problema (la falta de un trabajo estable), nos lleva a diseñar una respuesta que no soluciona los problemas de fondo, y que, de ser implementada, puede generar impactos contrarios a los que se quiere alcanzar.

Un ejemplo son aquellas personas que realizan labores no remuneradas, como los quehaceres del hogar o aquellas que realizan labores de cuidado, cargas que se encuentran de manera desproporcionada entre las mujeres[2]. La ausencia de una regulación que reconozca dichas labores como parte de una actividad que aporta a la economía nacional, genera un vacío en su regulación, y las mantiene en una situación de vulnerabilidad. Así, no solo las aleja de contar con beneficios sociales básicos, sino que, además, las estigmatiza reduciendo su real valor.

Otro ejemplo es el caso de aquellas personas que sí trabajan, pero de manera irregular en diferentes tipos de servicios, lo que se le conoce como el trabajo precario. La economía informal está llena de trabajos que no garantizan estabilidad o beneficios laborales, pero que esconden una diversidad de actividades que son fundamentales para el crecimiento de la sociedad. De esa manera, en vez de promover la formalización y acceso a beneficios sociales por parte de este grupo, se les busca realocar dentro del servicio militar.

Queda claro que políticas dirigidas a la formalización del empleo, o del reconocimiento de las labores de cuidado como un aporte productivo a la economía, podrían solucionar esos problemas de manera mucho más efectiva que una política de fortalecimiento del servicio militar. En ese sentido, implementar un servicio militar obligatorio, o voluntario académico, como ha planteado recientemente el ministro de Defensa, Walter Ayala; no solo puede terminar no respondiendo a la necesidad que se busca cubrir, sino que puede generar mayores niveles de desprotección a personas en situación de vulnerabilidad, y puede generar un impacto sobre la economía de las propias familias.

Pero, además, resulta paradójico que en nuestra sociedad, cada vez que pensamos cómo incluir a los jóvenes en sistemas educativos integrales o en espacios técnicos laborales, en vez de pensar en una educación pública de mejor calidad, o en supervisar mejor los servicios que prestan los privados, de manera que sean ofertas accesibles y de calidad, o que se promuevan actividades artísticas o deportivas en los jóvenes a través de programas sociales; se piense en el servicio militar como la principal propuesta.

Hay que recordar que el servicio militar ha sido reconocido por la Comisión Interamericana[3] como parte de la función de protección y seguridad del Estado, pero no como un mecanismo educativo o de fortalecimiento de capacidades. Así, una ciudadanía plural y dialogante, que no perciba al “otro” como el enemigo, sino como un actor con el cual construir, debería contar con mecanismos civiles educativos mucho más fortalecidos, que generen empatías entre los diferentes grupos y culturas que tenemos, que nos acerquen a dicha pluralidad y nos brinde los elementos para fortalecer ese diálogo.

El servicio militar se define como una oportunidad de participar en la defensa nacional, lo que es importante y debe ser fortalecido hacia una carrera más inclusiva y con mejores incentivos, pero no puede pensarse como la punta de lanza de nuestra política educativa más incluyente, o como una política para mejorar nuestro mercado laboral.

En este contexto, hay una oportunidad de ofrecer, desde el sector trabajo, un abordaje nuevo y más humano a los altos niveles de informalidad, a la ausencia de coordinación entre nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral, y sobre todo, una protección y reconocimiento adecuado a todas aquellas personas que están asumiendo labores de cuidado de terceros. Asimismo, se debe fortalecer las políticas integrales en favor de la juventud, fortaleciendo entidades como la Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU[4].

Finalmente, es necesario que el Estado tome decisiones utilizando la evidencia que existe, o creando evidencia que la justifique, respetando las competencias y los objetivos de cada entidad, y comprendiendo que los problemas de la sociedad tienen diversas causas, que requieren ser abordados de una manera más integral.

[1] https://www.grade.org.pe/en/publicaciones/mas-alla-de-los-nini-los-jovenes-urbano-vulnerables-en-el-peru/

[2] https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de Fondo Nº 43/05. Caso 12.219 Cristián Daniel Sahli Vera y otros versus Chile. 10 de Marzo de 2005

[4] https://juventud.gob.pe/reforma-senaju/la-propuesta-de-reforma/