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Medidas urgentes en favor de los pueblos indígenas de la selva

Las acciones y políticas necesarias resultan un reto grande si se toma en cuenta la precariedad institucional preexistente a esta crisis.

La emergencia sanitaria generada por la COVID-19 ha dejado en evidencia las múltiples fallas que como sociedad hemos permitido en diversos servicios públicos, sobre todo, en aquellos dirigidos a atender las necesidades de los grupos socialmente mas vulnerables. Tal ha sido el caso de los pueblos indígenas, y en especial de las comunidades amazónicas.

Reconociendo que se trata de una problemática plural y diversa, esta nota se enfocará en aquellos problemas que hacen que las comunidades de la selva sean altamente vulnerables ante la emergencia sanitaria, como son el acceso de personas externas a sus territorios, la falta de una política adecuada de salud, y la dificultad para acceder a bienes de primera necesidad y programas sociales.

El primer punto está ligado a las actividades de explotación de recursos naturales que se dan en esas zonas. Si bien las actividades que son legales pueden tomar medidas para evitar contagios, lo cual debe ser estrictamente supervisado por el Estado, las actividades ilegales son un verdadero riesgo en tanto no acaten la cuarentena impuesta.

En segundo lugar está la falta de una política de salud intercultural adecuada a las necesidades geográficas de una zona tan vasta como la selva. Las comunidades tienen problemas de acceso a insumos de higiene básicos como el agua potable (una situación especialmente grave en aquellas que sufren los efectos de la contaminación) o a utensilios como jabón, mascarillas o guantes. Asimismo, la respuesta frente a emergencias de salud se dificulta por las grandes distancias y los costos de los medios de transporte existentes (petróleo y acceso a los deslizadores).

Finalmente, se debe considerar las dificultades geográficas y la falta de adecuación cultural de los beneficios y programas sociales que existen de manera ordinaria, y de aquellos que se están otorgando de manera extraordinaria. El costo propio de la cuarentena es muy alto para comunidades que dependen de los bienes que consiguen en los pueblos cercanos, y de su actividad económica, muchas veces limitada a ingresos diarios no formales.

| Fuente: Andina / archivo

Estos tres factores han sido señalados desde el inicio de la crisis por diversos actores tales  como la Defensoría del Pueblo[1], la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos[2] o las propias federaciones y organizaciones representativas de pueblos indígenas. Sin embargo, hasta el momento, sólo se ha aprobado la Resolución Ministerial Nº 109-2020-MC del 27 de marzo de este año (recién dos semanas después de haberse decretado el estado de emergencia a nivel nacional). Dicho esfuerzo resulta aún insuficiente para atender la problemática actual, sobre todo luego de confirmados los contagios en las provincias de Loreto (distrito de Nauta) y en Datem del Marañón (distrito de Barranca), puertas de entrada para muchas comunidades.

Expuesta la problemática, merece que nos detengamos en exponer algunas de las acciones dirigidas a abordar esta crisis:

  • Las organizaciones representativas y las comunidades se están organizando para evitar la presencia de personas ajenas en sus territorios, frente al insuficiente apoyo de las Fuerzas Armadas. Una política de control de vías de transporte debe considerar los riesgos que traen las actividades ilegales (violencia armada), y los riesgos propios de la falta de medidas de salubridad necesarias para evitar los contagios de los miembros de pueblos indígenas en los puestos de control.
  • La traducción y adecuación de mensajes en lenguas indígenas realizadas por el Ministerio de Cultura. Para ello, se deben preferir medios alternativos que faciliten el acceso a esa información como spots difundidos a través de canales de radiodifusión o que sean entregados para ser reproducidos por los parlantes de las comunidades. Asimismo, es necesario que los facilitadores de salud de las comunidades adapten las recomendaciones a la realidad particular de cada comunidad.
  • Sobre el acceso a políticas de prevención y atención en salud, los retos del Estado son grandes por su falta de capacidad y recursos para ello. Por ende, se debe buscar la coordinación intersectorial, y el apoyo de entidades privadas (ONGs y empresas) que faciliten el transporte aéreo y fluvial en esas zonas[3]. Esto debería ser complementado con una acción específica del Estado que facilite puentes aéreos cuando sea necesario.
  • El acceso a los beneficios sociales debe ser integral y adecuado a su contexto particular, y otorgado de manera que no pongan en riesgo de contagio a la población[4]. Asimismo, es importante pensar en estrategias para abordar las necesidades económicas de la población indígena post emergencia, considerando su situación en los programas de activación económica[5].

Las acciones y políticas necesarias resultan un reto grande si se toma en cuenta la precariedad institucional preexistente a esta crisis. Por ello, es necesario crear mecanismos permanentes de coordinación entre el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, las organizaciones indígenas, y otros actores que puedan ayudar a fortalecer los mecanismos de prevención y atención (radios comunitarias, la iglesia, organizaciones de sociedad civil y empresas con incidencia en cada zona). Finalmente, el éxito de estas medidas, y de su adecuación a las necesidades de las comunidades, depende en gran medida de la participación activa de miembros de pueblos indígenas en su diseño e implementación.


[1] Oficios Nº 118-2020-DP/AMASPPI y Nº 122-2020-DP/AMASPPI

[2] Carta del 06 de abril del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[3] Hay ejemplos de esa colaboración como el Instituto del Bien Común (IBC) se ha comprometido a facilitar deslizadores y combustible para trasladar a un centro de salud a pacientes con sospecha de infección del coronavirus. O empresas petroleras como Pluspetrol y Repsol que han ofrecido apoyar en el traslado aéreo de emergencias. 

[4] Para mayor detalle ver la carta abierta de AIDESEP del 07 de abril.

[5] Para mayor detalle ver la carta de las organizaciones representativas nacionales del 06 de abril.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Coordinador del Área Académica y de Investigación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y responsable de las líneas de pueblos indígenas, y de Empresas y Derechos Humanos. Especialista en políticas públicas, derechos humanos y gobernabilidad.

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