Asesoría científica: una deuda pendiente

La pandemia nos agarró desprevenidos. Como todos en el mundo, no entendíamos del todo lo que estaba pasando ni cual era el mejor camino a seguir. Esta es la definición de un problema complejo.

De un día a otro surgieron decenas de expertos -muchos con opiniones diametralmente opuestas. La cacofonía de opinión abrumó a los medios y a la población – y al gobierno.

Entonces, el gobierno convocó a diversos grupos de expertos agrupados en una serie de comandos, consejos, grupos de trabajo y demás. Entraron algunos y salieron otros. De vez en cuando, sus miembros, aparecían en algún programa de noticias para ofrecer su opinión experta – muchas veces contraria a las decisiones del gobierno.

Pero después de una semanas resultó imposible determinar quiénes eran estos expertos oficiales; y quienes no – o a quienes escuchaban nuestras autoridades; y a quienes no.

Además, la vinculación del gobierno con estos científicos nunca llegó a consolidarse y primó la relación ad-hoc, personalizada. Muy poco de esto fue oficial, transparente.

Inclusive hoy es difícil encontrar la evidencia que sustenta las decisiones del gobierno.  Y no solamente en materia del COVID-19. En temas ambientales, pesqueros, educativos, tributarios, de seguridad, etc. las autoridades peruanas consultan a quienes quieren consultar – si es que quieren. A veces consultan a académicos, otras veces institutos de investigación públicos, en otros casos “expertos” independientes, incluso expertos internacionales.  A veces, a nadie. Ni a sus almohadas.

Y es que la crisis nos agarró sin un sistema de asesoría científica – esto es: las instituciones y prácticas a través de las cuales los gobiernos y los tomadores de decisiones, en todos sus niveles, reciben y utilizan la ciencia y la tecnología como insumos para el desarrollo de políticas públicas en diferentes campos, sean estos economía, comercio, minería, educación, salud, defensa, etc. (esto es tomado de Quirion, Carty, & Jabr, 2016).

No es exactamente  lo mismo que la política informada por evidencia – aunque están vinculadas. En esto se ha avanzado en algunas “islas de excelencia” pero con mucho camino por delante.

En el Perú hemos dado importantes pasos en la promoción de las “políticas para la ciencia” (“policy for science”). El fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) se ha enfocado en esto. Hoy tenemos, indudablemente, mayor capacidad para generar evidencia científica.

Pero la asesoría científica se refiere al concepto complementario de “ciencia para las políticas” (“science for policy”). Ha quedado pendiente el desarrollo de un sistema que permita aprovechar y facilite el uso de la evidencia científica generada para informar las decisiones de política pública.

Antes de asumir el mando, el entonces Congresista Francisco Sagasti y Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, publicó una propuesta para fortalecer la gobernanza de la CTI. Hoy, esta propuesta ha sido adoptada por el gobierno y se encuentra en camino de vuelta al Congreso para su debate y, esperamos, aprobación. La reforma propuesta no llega a incorporar pero sí abre la puerta para la creación de un sistema de asesoría científica. En ese sentido es un paso muy importante.

Y en ese objetivo, CONCYTEC, con el apoyo del Fondo Newton del Reino Unido ha venido trabajando en el desarrollo de una propuesta concreta.

Aquí debo ser transparente: el encargo de CONCYTEC, a través del British Council, ha recaído en mi y en Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico. Durante los últimos meses hemos revisado los sistemas de diversos países para identificar lecciones, hemos conversado con decisores públicos del más alto nivel para entender sus necesidades y preferencias de asesoría científica y explorado las fortalezas y oportunidades de ofrece el sistema de CTI peruano para ofrecer la asesoría.

La tarea no es sencilla pero sí urgente.

En un estudio preliminar de ocho experiencias internacionales desarrollado por Marcela Morales de OTT, identificamos que cualquier sistema de asesoría científica demanda la búsqueda de equilibrios complejos. Por ejemplo, entre:

• Un modelo flexible y capaz de adaptarse a shocks (como el del COVID-19) y evolucionar pero que al mismo tiempo ofrezca un mínimo de estabilidad institucional;
• Una relación cercana y de confianza entre la autoridad política y los asesores científicos pero al mismo tiempo transparentes e intelectualmente autónomos en sus recomendaciones;
• La oportunidad de vincularse con los actores del sistema nacional de CTI pero al mismo tiempo libre de tener acceso a toda la evidencia relevante – venga de donde venga.

Esto apunta a la necesidad de contar cuadros de confianza, asesores científicos y equipos, que puedan:

• Ser independientes y ser percibidos como tal: Esto demanda funciones bien definidas y estructuras institucionales que protegen la independencia de la asesoría científica y los asesores. La independencia del asesor científico fomenta y mantiene la confianza del público, de los medios de comunicación, de los tomadores de decisiones y de la comunidad científica. La mejor manera de cultivar una reputación de independencia es a través de la transparencia: en la forma en la que los asesores son elegidos, en sus procedimientos y funciones y en la asesoría que ofrecen.
• Informar políticas públicas sin ser ajenos al proceso político: El asesoramiento científico debe ser riguroso y basado en evidencia científica pero sin olvidar que estos son cargos fundamentalmente políticos. En es rol, deben proporcionar evidencia científica al tiempo que consideran las implicancias políticas de la misma.
• Involucrar a la comunidad científica y académica: En ese rol, los asesores científicos deben evitar la tentación de verse a sí mismos como la principal fuente de evidencia científica. En cambio, deben saber llegar, cultivar e involucrar a otros científicos y redes de expertos para acceder a la mejor experiencia y conocimiento necesarios para responder a las necesidades públicas.
• Contribuir a una mayor apreciación por el método científico y su contribución a la sociedad: Ello requiere que los asesores científicos reconozcan al público como uno de sus principales fuentes de poder. Sin su confianza no pueden cumplir su función.

El 2021 presenta una oportunidad para cubrir esa deuda y aprovechar, finalmente, los avances logrados en materia de CTI.