
Hace algunas semanas, el primer ministro de Francia, François Bayrou, presentó una serie de medidas para enfrentar los profundos desequilibrios fiscales que amenazan con desbordar las finanzas públicas del país. En un discurso titulado “la hora de la verdad”, el funcionario reconoció que la situación actual no es coyuntural, sino el resultado de un proceso acumulativo y estructural extremadamente grave.
Entre los elementos más alarmantes destaca la deuda pública, que ya alcanza el 114% del PIB, una losa pesadísima incluso para una economía desarrollada. A ello se suma que el pago de intereses se ha convertido en el segundo mayor gasto del Estado, solo por detrás de la educación. Bayrou fue enfático: ningún presidente ha logrado un superávit presupuestario en los últimos 50 años. De hecho, su gobierno estima que la deuda crece a un ritmo de 5 mil euros por segundo.
Para revertir esta situación, el primer ministro propuso un paquete de medidas draconianas, una suerte de “motosierra a la francesa”, en sintonía con el estilo del mandatario Javier Milei. Entre los principales puntos destacan: recortes presupuestarios por 44 mil millones de euros hasta 2026; congelación total del gasto público (excepto en defensa y servicio de la deuda), lo que se traduce en no aumentar pensiones, prestaciones sociales ni salarios públicos; supresión de 3 mil empleos estatales, no renovación de uno de cada tres puestos vacantes por jubilación; recortes por 5 mil millones de euros en el sistema de salud; y la eliminación de dos festivos nacionales.
Ante este panorama, Bayrou no dejó lugar a ambigüedades: si no se aprueba su plan, Francia podría enfrentar una crisis de deuda comparable a la que sufrió Grecia. Incluso advirtió que el país podría terminar bajo la tutela del FMI o el Banco Mundial, como ocurrió con Ecuador o Argentina en su momento.
No obstante, el anuncio generó un rechazo inmediato y cuasi unánime. En el plano político, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ya amenaza con presentar una moción de censura contra Bayrou, lo que dejaría al gobierno de Macron en una posición sumamente frágil, e incluso pondría en duda su continuidad. Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon llamó a “echar” al premier por pretender “destruir el Estado y los servicios públicos”. Desde la derecha, Marine Le Pen advirtió que “si François Bayrou no modifica su plan, lo censuraremos”. Cabe recordar que una moción de censura ya logró derribar al gobierno de Michel Barnier en diciembre de 2024 gracias a la convergencia entre ambas bancadas.
Desde el espectro social el malestar no es menor. Los principales sindicatos del país, como la CGT y FO, han anunciado para el otoño un ciclo de movilizaciones de gran escala que incluirá huelgas, piquetes y protestas a nivel nacional. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, hizo un llamado explícito a una “movilización masiva de todos los sindicatos” contra un presupuesto que, según sus palabras, amenaza la cohesión social y los derechos laborales conquistados.
A manera de conclusión, la situación fiscal francesa es crítica, y sus consecuencias pueden amenazar al proyecto europeo en su conjunto. El dúo Macron-Bayrou ha apostado por la vía de ajuste draconiano que golpea de lleno a sectores sensibles como la salud, las pensiones, la educación y el empleo. El rechazo político y social ha sido inmediato, contundente y amenaza con ahondar la debilidad del gobierno. Es importante seguir el proceso político francés en los meses siguientes, dado que sus implicancias pueden salpicar al planeta entero.
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