La política como profesión

Aristóteles piensa que el ciudadano que decide poner en acto su participación en la vida política relega sus intereses privados en procura de satisfacer los legítimos intereses de la comunidad. Según el filósofo, el ciudadano debe entrenarse para administrar la palabra en distintos ámbitos, como pueden serlo la asamblea, los tribunales y las escuelas, ámbitos todos públicos y de mayor amplitud que el ámbito puramente comercial y transaccional. Ello no significa que el ciudadano deje de tener sus propios intereses como persona individual o que estos tengan que inmolarse para alcanzar los intereses públicos de la comunidad.

 Es cierto que no hay una oposición natural e inmediata entre los intereses privados y los intereses públicos. Pero, después de todo, es más conveniente tenerlos bien diferenciados para no incurrir en el error de intercambiarlos unos por otros. Así, el ciudadano y la ciudadana que deciden profesionalizarse como político y política saben, de entrada, que en su decisión hay una renuncia sustantiva de base: los intereses privados pierden valor y resultan opacos frente a los intereses colectivos que consolidan a la comunidad en su aspiración de seguir siendo una e integra. La fuerza humana tiene sus propias limitaciones constitutivas: la renuncia conlleva una investidura nueva capaz de canalizar y capitalizar todos los esfuerzos para lograr el bien común.

Este argumento es suficiente para diseñar la figura típica del político abnegado que prolifera en las atmósferas populistas. Bien visto, no parece que el ideal aristotélico fuera muy difícil de alcanzar en la práctica: el ciudadano puede conservar intactos e íntegros sus intereses y hacerlos compatibles y llevaderos con la participación política profesionalizada. Es cierto que el político-ciudadano, entre lo privado y lo público, está entre dos aguas, que bien pueden ser confluyente o divergentes: lo esencial, en cualquier caso, es la restricción de servirse de los recursos públicos para la satisfacción de necesidades privadas.

Según Aristóteles, la principal consecuencia que se desprende de la separación entre lo privado y lo público como base para la participación política es la fortificación de la conciencia del lenguaje: el político profesional buscará persuadir a la opinión pública de su percepción del estado de cosas en la realidad. Empleará la palabra, hablada y escrita, para ganar adeptos y para rechazar a los opositores. Con ello podrá en actos dos efectos claves: unirá y dividirá. Juzgará acerca de las prioridades de la comunidad y a partir de esa comprensión buscará aliados y, por tanto, también antagonistas. A unos y a otros dirigirá sus discursos a fin de promover su causa e inhibir el rechazo. Pero las preferencias del político profesional son solo la parte más visible de su modo de actuar. Además, la actividad política no se restringe a la práctica discursiva.

Cuando el político profesional pierde el sentido de estas distinciones básicas, lo público y lo privado se vuelven fluctuantes: se confunden y superponen en el entendimiento del político y se asientan como corrupción, tráfico de influencias y otros crímenes contra el Estado y el bien común.