La inclusión financiera y la reducción de la pobreza

La eliminación de la pobreza es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el año 2030. El Perú ha avanzado hacia ese objetivo, pues ha logrado reducir la pobreza de un nivel superior al 50 % de la población a principios del presente siglo, a 20,5 % en el año 2018. El principal factor generador de la disminución de la población pobre en el país ha sido el crecimiento económico en lo que va del siglo XXI. En esa línea de argumentación, muchos economistas consideran que si bien el crecimiento del producto bruto interno (PBI) es la variable principal a considerar para continuar con la reducción de la pobreza, existen sectores que no se ven beneficiados de forma inmediata por un mayor dinamismo de la economía y requieren de políticas públicas específicas orientadas a acelerar la disminución de la población pobre.

El Estado peruano debe, por tanto, analizar, permanentemente, cómo lograr el mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico, de al menos 5,0 % anual, durante los próximos diez años, para continuar acercándonos al logro de los ODS de las Naciones Unidas. En ese sentido, se debe incrementar el PBI potencial, esto es la capacidad de crecimiento de nuestra economía, a niveles entre 5,0 % y 7,0 %. Sin embargo, de forma paralela, tiene que trabajarse la implementación de políticas públicas específicas contra la pobreza. En cuanto a la implementación de mecanismos directos de reducción del pauperismo en el Perú, los diversos ministerios encargados, especialmente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), han sido exitosos, aunque con políticas que no necesariamente son sostenibles fiscalmente a largo plazo, tales como Juntos y Pensión 65.

Por lo tanto, el Estado peruano debe continuar con los programas mencionados hasta que no exista una sola familia pobre en este país; pero, adicionalmente, tiene que implementar otras políticas que estén orientadas a que las familias que logren superar las condiciones de pobreza lo hagan de forma estable y sostenible, dependiendo, para ese logro, de sus propias facultades y recursos. En otras palabras, se debe mejorar el nivel educativo de la población, considerando las actividades productivas. Adicionalmente, hay que generar fuentes específicas de financiamiento, se requiere incluir a esos peruanos financieramente, para la implementación de sus ideas y proyectos. Se trata de plantear políticas que consideren dos pilares: uno productivo y otro financiero.

El pilar productivo pasa por capacitar a la población pobre, o en pobreza extrema, en actividades productivas que se encuentren en su entorno o en nuevas actividades que se adapten fácilmente a su forma de vivir. Como ejemplos, en la sierra, se puede mencionar la crianza de cuyes, el cultivo de truchas, el desarrollo de la floricultura, la producción de frutas como la palta y la lúcuma, y el trabajo con auquénidos, entre otras actividades. En paralelo, se requiere generar los accesos a los mercados nacionales e internacionales para que los productos que generen tengan una demanda creciente. Por su parte, el pilar financiero pasa en primer lugar por darles educación financiera, enseñarles la importancia del ahorro y de la inversión, y en segundo lugar por generar mecanismos de financiamiento.

El trabajo de inclusión financiera puede partir de la implementación de mecanismos de ahorro comunal donde las propias poblaciones generen una especie de club de ahorro, y a través de la formación de una directiva, previa capacitación financiera, asignar el ahorro generado por ellos hacia ellos. Tal es el caso de las Uniones de Crédito y Ahorro, las Única, promovidas por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el banco de desarrollo del Perú, hace más de una década, con resultados bastante interesantes en algunas regiones del país, donde se ha logrado, gracias a importantes avances en los niveles de productividad, elevar los ingresos de los habitantes y consiguientemente mejorar sus condiciones de vida. En una segunda etapa, se debe incentivar que estas mismas poblaciones puedan acceder a instituciones financieras formales como las microfinancieras, las cajas municipales de ahorro y crédito o las financieras especializadas, mediante más oficinas o mejorando significativamente su acceso a medios virtuales.

Sin acceso al financiamiento del cien por ciento de la población de nuestro país, será muy complicado eliminar la pobreza. En las últimas dos décadas se ha avanzado en inclusión financiera, pero todavía hay un largo camino por recorrer que requiere del apoyo de políticas específicas. Bajo este marco es que el Gobierno próximamente lanzará un nuevo Plan de Inclusión Financiera Nacional. Recordemos finalmente al economista Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 y creador del denominado Banco de los Pobres, para quien el acceso al financiamiento es un derecho humano fundamental.