El 20 de noviembre se cumplió un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el Estado peruano ratificó en 1990 para incorporar en sus políticas el paradigma de la protección integral de la niñez y adolescencia. En consecuencia, el Estado peruano se convirtió en garante de los derechos de los niños (de 0 a 18 años) y la sociedad civil en corresponsable de su cumplimiento.
Pero ¿cuánto hemos avanzado en la materia? ¿Se puede afirmar que el Estado peruano ha hecho su mejor esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y niños peruanos? Me temo que no. Sin desconocer los avances en leyes y políticas sociales y la creciente sensibilización frente a las distintas situaciones que afectan sus vidas, estamos lejos de decir que el Perú cuida y protege a su infancia, como ha quedado crudamente evidenciado durante la pandemia. El gobierno de transición del presidente Sagasti tiene la oportunidad de voltear la mirada hacia las infancias que están viviendo las peores consecuencias de la pandemia con la consiguiente precarización de sus derechos a la salud, educación y protección frente a la violencia. De alguna manera la acción de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y el apoyo solidario ha contrarrestado los daños, pero sabemos que no es sostenible.
El cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia no es sólo un asunto de leyes y políticas, es necesario que todos cambiemos la mirada que tenemos de la infancia como seres en proceso, desvalidos, propiedad de sus familias y objetos de protección, en ese sentido, un debate en torno a la Constitución del Bicentenario se convierte en una oportunidad para que el nuevo pacto social coloque a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y prioridad pública. La actual constitución sólo reconoce como ciudadanos a los peruanos mayores de dieciocho años, cuando se ha demostrado desde las organizaciones de niñas, niños y adolescentes y recientemente, con su masiva participación en las manifestaciones a propósito de la crisis política desatada por la vacancia del presidente Vizcarra. En una nueva constitución será indispensable que la ciudadanía y el ejercicio ciudadano sea reconocido a todos los peruanos sin distinción de edad, lo que favorecería su participación en todos los asuntos públicos.
Podemos ir más allá. Se ha evidenciado que la participación protagónica de las niñas y niños desde edades tempranas, los fortalece en su autonomía, reflexión y sentido crítico como ciudadanos de hecho, aunque no se les reconozca como tales. Es así que toman postura frente a lo que acontece en el día a día estando facultados para ejercer su derecho al voto. De allí la relevancia para incorporar el voto facultativo a partir de los 16 años como se viene dando en otros países de la región y del mundo. Dejo expuestas este par de ideas para alimentar el debate en relación a los derechos de las niñas y niños y la Constitución del Bicentenario.
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