¿La reforma procesal penal redujo el crimen?

Desde que se implementó en el 2006, mucha tinta ha corrido al discutir las bondades y desventajas procesales del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Pero esa discusión ha sido excesivamente legal. Sin embargo, aunque su objetivo no fue directamente reducir el crimen, no sabemos si efectivamente lo hizo o no.

Sabemos que con el NCPP los procesos judiciales serían mucho más cortos. Sin embargo, nada se ha dicho sobre si ese conjunto de ágiles y nuevas reglas (en realidad, ya no son tan nuevas) para investigar y juzgar delitos mejoró la seguridad ciudadana en este país, el de mayor victimización delictiva en América Latina.

Ese vacío de información fue lo que me impulsó a realizar la evaluación de impacto del NCPP sobre el crimen (específicamente, el porcentaje de víctimas de distintos delitos en los últimos doce meses). El estudio acaba de ser publicado* y es pertinente revisar sus resultados a la luz de la pronta implementación en varios distritos judiciales de Lima.

Aun cuando los incentivos se mantengan vivos, no siempre disuaden a todos por igual. | Fuente: Andina / Archivo

¿Por qué el NCPP podría reducir la delincuencia? Por dos razones ligadas a un mismo tema: incentivos. En primer lugar, tal como ha sucedido en países tan distintos como Costa Rica y República Checa, procesos judiciales rápidos hicieron que delinquir sea más costoso, haciendo que el castigo penal se haga más tangible en el presente. Como consecuencia, la frecuencia de delitos puntuales se redujo en ambos países. En segundo lugar, porque los procesos judiciales más expeditivos aumentan la productividad de los jueces (más sentencias). Esto significa, en teoría, más condenas y más incentivos para que otros no cometan el mismo delito.

Por cuestiones de disponibilidad de estadísticas, solo es posible evaluar el impacto del NCPP desde el 2010. En ese año, una primera gran ola de distritos judiciales lo implementó. El impacto del NCPP en este grupo fue positivo: aunque poco, la victimización cayó en 2% entre el 2010 y el 2013. Pero el efecto no se sostuvo en el tiempo. Al año siguiente, la victimización no cayó más.

En el 2012, una segunda ola de distritos judiciales implementó el NCPP. En este caso, la victimización no disminuyó. Por el contrario, aumentó hasta en 2%. La razón es simple. Los incentivos son como las relaciones de pareja. Hay que mantenerlos vivos, sino se deterioran. El proceso de implementación del NCPP ha tenido logros, pero al mismo tiempo acumuló variados problemas (falta de preparación previa, insuficiente personal y juzgados, limitada capacitación, acumulación de carga procesal, etc.) que poco a poco dañaron la rapidez de los procesos (ya no son expeditivos). Además, como consecuencia del propio diseño del NCPP, la productividad de los jueces nunca fue alta. Grosso modo, de cada 100 denuncias apenas 10 reciben sentencia y una cantidad menor (y desconocida pues no hay cifras oficiales) resulta en condena. Y sin castigo, el incentivo a no delinquir es poco más que una anécdota.

Aun cuando los incentivos se mantengan vivos, no siempre disuaden a todos por igual. Por ejemplo, mientras que las multas de tránsito disuaden a algunos de no manejar a excesiva velocidad, a otros les da igual. En suma, no todos respondemos igual ante un posible castigo.

Lo mismo es aplicable al NCPP y sus incentivos (celeridad y productividad) contra la delincuencia. No todos los delincuentes se ven disuadidos. Mientras que algunos hechos delictivos se redujeron (robo de dinero, cartera o celular), otros aumentaron (robos a autos). Finalmente, otros ni se vieron afectados (secuestros).

¿Hacia dónde apuntar? El NCPP necesita mejor gestión, mayor énfasis en capacitación y una estrecha coordinación interinstitucional. Por supuesto, hay la necesidad de más presupuesto, pero también de un cambio de cultura organizacional policial, fiscal y sobre todo judicial. Implementar la reforma procesal penal es un asunto complejo. Pero más difícil aún es crear y mantener los beneficios tangibles (menos delitos), esos que van más allá de lo legal.

 

* Hernández, Wilson (2019). Do criminal justice reforms reduce crime and perceived risk of crime? A quasi-experimental approach in Peru. International Review of Law and Economics, 58, 89-100. Disponible en http://bit.ly/2W4V7HT

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.