El Ministerio de Justicia concluyó que el proyecto de ley no es jurídicamente viable, pues vulnera principios como la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la libre competencia y la libertad de contratar.
Este miércoles 21 de mayo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso debatirá un proyecto de ley que podría cambiar las reglas de juego en la administración de los puertos del país.
Se trata del Proyecto de Ley N.° 9778/2024-CR, que propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para limitar la participación privada en la administración de terminales portuarios a un máximo de 40 %, permitiendo su participación solo bajo ciertas modalidades y plazos.
El proyecto fue presentado por la congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) el pasado 13 de diciembre de 2024. La iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para prohibir que los terminales portuarios de titularidad estatal sean administrados en su totalidad por empresas privadas.
En cambio, se permitirían asociaciones público-privadas, pero con un límite máximo de 40% de participación privada y por 10 años, prorrogables una sola vez.
Según el predictamen aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, esta medida se sustenta en la importancia estratégica de los puertos para la soberanía nacional y la seguridad del comercio exterior.
El documento señala que el Estado debe recuperar el control directo de los puertos para garantizar su adecuada gestión y modernización, evitando que intereses privados puedan condicionar su funcionamiento.
¿Cuál es la postura de Ositrán y el Ministerio de Justicia?
Durante la evaluación del predictamen, Ositrán advirtió que la propuesta contraviene principios constitucionales, al limitar la participación del sector privado en la administración portuaria y reducir los plazos de concesión sin sustento técnico. Señaló, además, que este cambio afectaría la competitividad y las reglas claras que deben regir en el sector portuario.
Por su parte, el Ministerio de Justicia concluyó que el proyecto de ley no es jurídicamente viable, pues vulnera principios como la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la libre competencia y la libertad de contratar. Además, cuestionó la creación de una Unidad de Fiscalización y Control en los puertos, por carecer de sustento legal.
Comex y la Cámara de Comercio de Lima se pronuncian
ComexPerú rechaza este predictamen, impulsado por Perú Libre. El gremio advierte que esta medida pondría en riesgo el desarrollo portuario, ahuyentaría inversiones, encarecería los costos logísticos y afectaría negativamente el comercio exterior.
"Hoy, más del 85 % del comercio exterior del Perú se moviliza a través de puertos concesionados, cuya gestión privada ha permitido reducir costos logísticos en hasta 30 %, atraer más de $ 2,200 millones en inversiones y elevar nuestra capacidad operativa a estándares internacionales. Volver a un modelo estatal, que ya demostró ser ineficiente en el pasado, es una fórmula segura para ahuyentar nuevas inversiones, entorpecer el comercio exterior y desacelerar nuestra recuperación económica", se lee en el comunicado que enviaron.
Además, critica disposiciones técnicas sin sustento, como la creación de una unidad fiscalizadora inadecuada y restricciones innecesarias.
Finalmente, ComexPerú advirtió que "implicaría violar contratos de concesión amparados por nuestra Constitución y tratados internacionales, lo que generaría conflictos legales innecesarios y minaría la confianza en el Estado como socio en proyectos de infraestructura".
Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), también alzó su voz al respecto. El gremio expresó "su categórico rechazo" a esta iniciativa por su impacto negativo en el desarrollo económico del país, la competitividad del comercio exterior y la confianza de los inversionistas.
"Durante los últimos 25 años, el crcimiento y modernizacipon de los puertos peruanos ha sido posible gracias a la activa participación del sector privado, que ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura, tecnología y servicios portuarios".
Asimismo, indicaron que iniciativas de este tipo envían un mensaje equivocado a los agentes económicos, al introducir señales de desconfianza en el sector privado y alterar las reglas de juego que han regido el desarollo portuario y de nuestro comercio exterior, especialmente del sector minero.
Finalmente invocaron al Congreso a que rechace esta propuesta que "incrementa el control estatal"
AFIN: "El Perú no necesita más Petroperús"
Desde el sector privado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su rechazo al proyecto de ley. En un pronunciamiento reciente, la organización sostuvo que estatizar los puertos, como se propone, implicaría repetir errores de gestión estatal como los registrados en Petroperú.
"La historia reciente del país ha demostrado que cuando el Estado asume un rol empresarial, lo hace con criterios políticos y eso originó la antigua historia de ENAPU o la actual de PETROPERÚ que terminan convirtiéndose en un lastre para todos los peruanos", señalaron.
AFIN advirtió que actualmente, gracias a la participación privada, el Perú ha logrado mejoras sustanciales en su sistema portuario, moviendo 72 % más que el 2011 en carga suelta, casi el doble en contenedores que el 2011, 3.5 millones de TEUS, más de 2,300 millones de dólares en inversión ejecutada, con proyección a llegar a 3,500 y se han generado 50,000 empleos directos e indirectos.
“Esta iniciativa representa un retroceso y un golpe a la confianza de los inversionistas”, indicó el gremio.
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