Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN, explicó que Infocorp no es una “lista negra”, sino un repositorio de historial crediticio. Tras ello, cuestionó un proyecto de ley que propone borrar antecedentes por deudas pagadas, advirtiendo que afectaría la evaluación de riesgos en el sistema financiero.
Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de ESAN, se presentó en Economía Para Todos por RPP y explicó cómo es el funcionamiento de las centrales de riesgo como Infocorp y un reciente proyecto de ley impulsado en el Congreso de la República.
El experto desmitificó la percepción común de Infocorp como una "lista negra", mencionando que se trata de un repositorio de información que muestra las obligaciones financieras de personas y empresas con el sistema financiero.
Según Lizarzaburu, Infocorp es en realidad "una lista de todos los deudores que hay en el sistema". La información que contiene es directamente reportada por las entidades financieras.
Si una persona realiza un pago tarde, la entidad financiera lo reportará, lo que se reflejará en la central de riesgo y afectará el "scoring" crediticio de la persona o empresa, reduciendo potencialmente sus posibilidades de acceder a futuro crédito.
Usuarios que paguen sus deudas podrían salir de Infocorp
Un proyecto de ley del Congreso de la República ha planteado que, una vez cumplidas las obligaciones financieras que en algún momento no se atendieron, la persona pueda salir "inmediatamente" de esta lista de deudores.
Sin embargo, Lizarzaburu critica esta propuesta, señalando que las centrales de riesgo son fundamentalmente "un repositorio de información". En la práctica, "uno nunca sale de la central de riesgos porque si ha tenido un crédito queda el historial crediticio".
El experto de ESAN considera que la propuesta del Congreso carece de un "análisis fundamental hacia atrás". Argumenta que "tú no puedes borrar el crediticio de las personas hacia atrás porque eso nos ayuda a poder tomar mejores decisiones".
Lizarzaburu sugiere que, en lugar de buscar la eliminación del historial, la norma debería procurar un "equilibrio". Esto podría implicar reducir el tiempo que demora en actualizarse la información, pasando quizás de 30 a 15 días, o agilizar la emisión de cartas de "no adeudo" por parte de las entidades financieras, quizás en 24 horas en lugar de las 48 actuales.
Finalmente, considera que esta propuesta de ley "lo único que va a hacer es saturar a la SBS [Superintendencia de Banca, Seguros y AFP], saturar el sistema financiero", incluyendo bancos, cajas y cajas rurales, generando una "carga operativa adicional por algo que la verdad no tiene mayor sentido".
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