El Producto Bruto Interno (PBI) del país pierde alrededor de S/ 1,000 millones al día debido a la inmovilización social impuesta por el Gobierno en la capital, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Con esta inamovilidad social, advierten que se está generando la paralización total de actividades económicas, que impacta en las finanzas de los trabajadores de Lima y Callao.
Solo en el caso del comercio mayorista y minorista se están viendo afectados alrededor de un millón 100 mil de trabajadores que laboran tanto formal como informalmente en el sector que perdería S/ 140 millones por un día de paralización.
“En un solo día los supermercados pierden ventas por 50 millones de soles y en el caso de las tiendas por departamentos las pérdidas superan los 21 millones. A esto se suma la pérdida de mercaderías perecibles como las carnes, pescados, frutas y verduras que ya habían sido severamente golpeadas por la paralización de los transportistas de carga”, señalaron en un comunicado.
Además, sostienen que en el rubro de alojamiento y restaurantes se perderían otros S/ 51 millones.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) señala que también se han visto afectados los trabajadores de los turnos de madrugada, debido a que el anuncio se realizó cerca de la madrugada las empresas no han podido tomar las medidas necesarias para hacer el relevo del personal y mantener operativas sus actividades esenciales.
"Hay trabajadores en turnos de madrugada que no pueden salir de sus fábricas, así como procesos industriales que no pueden paralizarse porque generan perjuicio a la cadena productiva y por ende, desabastecimiento en los puntos de venta al público", indicaron.
Por otro lado, la Asociación Empresarial IPAE calificó de inconstitucional la medida establecida por el Poder Ejecutivo.
"Esta medida inconstitucional atenta directamente contra la democracia, el libre tránsito, y el derecho al trabajo, afectando drásticamente la economía ya golpeada de la ciudadanía y alterando su bienestar", sostienen.
Agregaron que esta inamovilidad social obligatoria muestra la incapacidad del Gobierno para abordar la crisis social y solicitan la reversión inmediata de esta medida.
