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por Fiorella Hokama
·El debate por un octavo retiro de AFP dio un giro inesperado tras el anuncio de Dina Boluarte, que contradijo la negativa previa del Ejecutivo. Ministros que se oponían se alinearon con la mandataria, mientras el Congreso pasó de rechazar los retiros a cuestionar la reforma previsional.
El debate sobre un octavo retiro de fondos de las AFP ha estado marcado por un drástico cambio de postura en el Poder Ejecutivo. En cuestión de días, ministros que se oponían firmemente a la medida se alinearon con el sorpresivo anuncio de la presidenta Dina Boluarte, mientras el Congreso, que también se mostraba en contra, ahora critica la reforma de pensiones del Gobierno.
La negativa inicial: Un "no" rotundo desde el Ejecutivo y el Congreso
Hasta principios de septiembre de 2025, la postura de las principales autoridades del país parecía unificada en contra de un nuevo retiro de los fondos de pensiones.
Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas: El titular del MEF había sido enfático en su rechazo. Tras la aprobación del reglamento de la reforma del sistema previsional, declaró que "ya no debería haber retiros de AFP" y que, si se presentara una nueva ley para un octavo retiro, el Ejecutivo la observaría. Días después, en el inPERU Roadshow Europa, reiteró: "nosotros hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo", argumentando que la medida afectaba a las familias al reducir sus futuros fondos de pensión. Desde su cartera se había advertido previamente que un retiro de 4 UIT implicaría la salida de S/ 26,320 millones y dejaría a 8.6 millones de afiliados con saldo cero en sus cuentas.
Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: A finales de agosto y principios de septiembre, Maurate se opuso rotundamente a la medida. Su principal preocupación era que estos retiros debilitarían la seguridad social de los trabajadores, comprometiendo las coberturas de desempleo, salud y jubilación. Señaló la necesidad de construir "una política fuerte de previsión social" que garantice recursos para los trabajadores cuando se queden sin empleo o se jubilen.
José Jerí, presidente del Congreso: Desde el Legislativo, la postura era similar. El 4 de septiembre, Jerí sostuvo que "no es prudente en este momento hablar de un retiro". Subrayó que la prioridad era la implementación de la reforma previsional, que busca garantizar una pensión mínima de S/ 600, y advirtió que un nuevo retiro pondría en riesgo este beneficio.
El punto de quiebre: El anuncio de la presidenta Boluarte
El 14 de septiembre de 2025, el panorama cambió por completo. Durante un evento público, la presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno "ha tomado la posición de opinar favorablemente" sobre un octavo retiro de AFP.
De manera sorpresiva, y contradiciendo la postura pública de su ministro de Economía, la mandataria afirmó que la decisión se tomó "tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas". Justificó la medida argumentando que el dinero de las AFP "es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia que trabaja, pues la familia tiene que saber en qué momento lo requiere".
La alineación: El cambio de postura de los ministros
Al día siguiente del anuncio presidencial, los ministros que se habían opuesto a un nuevo retiro cambiaron drásticamente su discurso, alineándose con la nueva directriz del Gobierno.
El giro del MEF: Tan solo unos días después de su negativa en Europa, Raúl Pérez Reyes respaldó a la presidenta. El ministro de Economía explicó que la nueva postura a favor del retiro se basaba en un "balance integrante" y una "lectura responsable de la coyuntura actual", reconociendo la necesidad de liquidez de muchas familias. Pese al cambio, hizo un llamado a la "responsabilidad individual", pidiendo que solo retiren quienes tengan una urgencia. Aseguró que los fundamentos macroeconómicos del país garantizan que los impactos serán "transitorios y manejables".
La nueva posición del MTPE: Daniel Maurate también revirtió su postura. El ministro de Trabajo, que antes advertía sobre el debilitamiento de la protección social, declaró que retirar los fondos "es la facultad que tiene el ciudadano a partir de la iniciativa que está apoyando la presidenta". Aunque recomendó que la decisión sea "muy pensada, meditada, reflexionada", su apoyo a la medida representó un cambio total respecto a sus declaraciones de agosto.
La reacción del Congreso: De la negativa a la crítica de la reforma
La postura de José Jerí también evolucionó. Si bien mantuvo su rechazo a los "nuevos retiros masivos" por considerarlos irresponsables, su foco de atención giró hacia la propia reforma de pensiones del Ejecutivo.
El 15 de septiembre, Jerí criticó duramente el reglamento de la reforma emitido por el Gobierno, afirmando que "ha deformado plenamente la reforma de pensiones" y ha provocado una "protesta válida de la ciudadanía". Anunció que el Congreso abrirá el debate para mejorar la ley, lo que implicaría "derogar parcialmente ese reglamento". En lugar de un retiro masivo, propuso alternativas como el uso de aportes voluntarios para autopréstamos o usar el 100 % del fondo como garantía hipotecaria.
Este cambio de posturas ha dejado un escenario de incertidumbre, donde el apoyo del Gobierno a un nuevo retiro de AFP nació de contradicciones públicas y ha generado un nuevo frente de debate con el Congreso sobre el futuro del sistema de pensiones en el país.
Una crítica a las acciones del Gobierno
El economista David Tuesta Cárdenas se presentó en Economía Para Todos por RPP y calificó de "mediocre" la gestión del Ejecutivo, al que acusa de caer en el populismo y de aplicar la "política del banco chicharrón" a las pensiones. Critica el "penoso sometimiento" del Ministerio de Economía y Finanzas y defendió que los sistemas de pensiones requieren un componente de obligatoriedad para funcionar, no de voluntariedad.
Tuesta considera los retiros de fondos una "mala política en todo sentido" que ha vaciado el sistema. Señala que ya se ha retirado cerca del 16 % del PBI, dejando al 20 % de las cuentas en cero y a otro 60 % con saldos muy bajos. Afirma que este octavo retiro no "mata" el sistema, pero "lo mantiene como un sistema irrelevante" al impedir que se construyan fondos a largo plazo. Aunque la gente suele usar el dinero de forma responsable, el problema de fondo es que "se desprotege y se minimiza el riesgo financiero en la vejez".
Advierte sobre el "gran error" de no considerar los cambios demográficos, ya que las redes de apoyo familiar actuales no existirán en 30 años debido a la caída en el número de hijos por familia. La relación entre jubilados y trabajadores activos se triplicará, lo que agravará el problema. Atribuye esta falta de conciencia a que el Estado "ha renunciado a la educación previsional" por más de 30 años.
Finalmente, sobre la reforma de pensiones, reconoce sus aspectos positivos, como la pensión mínima y el fomento de la competencia. Sin embargo, recomienda "poner en reposo" los puntos más controversiales (como la contribución de independientes) para salvar las bondades de la ley, concluyendo que "una reforma de pensiones no es solo técnica, es política".
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