El Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel) evalúa iniciar un procedimiento Procedimiento Administrativo Sancionador contra la empresa Claro por cortar sus servicio de telefonía, cable e internet el pasado 31 de julio del 2019.
La empresa Claro informó de manera preliminar que el 31 de julio se produjo una afectación masiva de los servicios móviles (telefonía e internet), radiodifusión por cable e internet fijo a nivel nacional “debido a trabajos de mantenimiento para mejoras en la red” (causas atribuibles a la empresa operadora), asimismo indicó que el corte de los servicios se prolongó “aproximadamente 16 minutos”.
“El Osiptel se encuentra verificando los informes de este incidente para corroborar lo informado por la empresa operadora y evaluar el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador siempre que las interrupciones registradas superen los umbrales establecidos en las normas de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones”, explicó el regulador.
De acuerdo al Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso del Osiptel, la empresa tiene un día hábil para reportar de manera oficial a este organismo supervisor las interrupciones de los servicios móviles, internet, telefonía fija y TV de paga por interrupciones atribuibles a la propia empresa.
La misma norma establece que los trabajos de mantenimiento programados, que impliquen cortes de servicio, deben comunicarse previamente al Osiptel y a los usuarios. Sin embargo, a la fecha la empresa no ha comunicado mantenimientos programados relacionados a este evento.
Según reglamento de calidad, Claro tiene hasta el 9 de agosto para remitir al ente supervisor la relación de abonados afectados durante la interrupción de los servicios mencionados.
“Dicha información permitirá verificar el cumplimiento de las devoluciones que la empresa está obligada a hacer por los servicios no prestados de ser el caso, una vez validados los tiempos y afectaciones de acuerdo con la norma vigente”, explicó Osiptel.
El Osiptel, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y sus Oficinas Desconcentradas, monitorea a las empresas operadoras para garantizar que presten los servicios públicos dentro del marco de la normatividad vigente.
