por Renzo Alvarez
·La defensa de Julio Iglesias había solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivar las diligencias sobre las denuncias por un presunto acoso y agresión sexual.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó la investigación que había abierto para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, al considerar que existe una "falta de jurisdicción" y de competencia por parte de los tribunales españoles.
La defensa de Julio Iglesias había solicitado el archivo de las diligencias relacionadas con las denuncias por presunto acoso y agresión sexual. En un escrito de 15 páginas, el abogado del artista, José Antonio Choclán, sostuvo que los tribunales españoles "carecen de jurisdicción para la investigación del hecho denunciado".
El letrado fundamentó su solicitud en que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y en que Julio Iglesias tiene su residencia actual en República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.
Según el documento, la denuncia debió haberse presentado ante las autoridades de República Dominicana. Por ese motivo, se solicitó que la Fiscalía "debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las diligencias de investigación y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional".
¿Qué determinó la Fiscalía española?
El ministerio público dictó un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos exempleadas contra Julio Iglesias por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una "conexión material con España", por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes", y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
Defensa de Julio Iglesias cuestionó que España sea el país adecuado para investigar la denuncia
El abogado de Julio Iglesias cuestionó así la elección de España como país para presentar la denuncia.
"Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión", señaló José Antonio Choclán.
Asimismo, indicó que la organización que presentó la denuncia en nombre de las mujeres, Women’s Link, "ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación".
En el escrito también se rechazó la reserva de la investigación para proteger a las denunciantes, al considerar que estas han participado "voluntariamente en la difusión pública de la denuncia".
Todas las acusaciones fueron negadas por Julio Iglesias, quien difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que nunca "ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".
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