En diálogo con RPP Noticias, especialistas cuestionaron la cantidad de autoridades para fiscalizar el tránsito y transporte. ´Nuestras autoridades siguen jugando al Gran Bonetón´, dijo Luis Quispe.
¿Qué hacer contra los accidentes de tránsito? Un grupo de especialistas se dio cita en Enfoque de los Sábados de RPP Noticias para hablar sobre esta problemática. Solo esta madrugada, ocurrió un accidente en Surco, dejando 10 personas heridas de consideración.
Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, cuestionó que en el Perú existan hasta siete autoridades para fiscalizar el tránsito y transporte, hecho que lleva a que estas jueguen “al Gran Bonetón” y no asuman responsabilidades cuando ocurren accidentes con víctimas que lamentar.
“Cada una de ellas tiene su propia responsabilidad que la ley les ha asignado, pero lamentablemente no cumplen y la razón de fondo es esa: es que no tenemos una sola autoridad”, comentó.
“Hace siete años expresamos este problema y sigue repitiéndose año tras año lo mismo. El diagnóstico prácticamente está hecho, pero falta que nuestras autoridades realmente actúen”, sentenció.
Según comentó, en el país rige la Ley 27181, que regula el tránsito y transporte terrestre. Bajo esta norma, se asignaron seis autoridades para regular el sector: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las munipalidades distritales, Indecopi y la Policía Nacional.
Cabe precisar que las cuatro primeras tienen competencias, dentro de su jurisdicción, de gestión (autorizan a las empresas de transporte), normativas (pueden emitir normas) y de control y fiscalización (pueden establecer sanciones).
Quispe Candia explicó que en el 2001 se crea la figura del inspector de transporte, con lo que en la actualidad tenemos siente autoridades para fiscalizar el sector.
De acuerdo al especialista, el problema es que las autoridades “no tienen capacidad de coordinación, la capacidad de desprendimiento”.
Por ejemplo, citó que el artículo 17 de la citada ley señala que cuando dos ciudades son contiguas, como en el caso de Lima y Callao, “tiene que existir una autoridad única, tiene que haber una administración única”.
“Estamos en el 2014, y ningún alcalde ni de Lima y ni del Callao ha tenido la capacidad de sentarse y renunciar a esa posibilidad, porque cada quien quiere administrar una flota, quiere repartirse la ciudad y evidentemente tiene sus réditos económicos”, sentenció.
A su turno, el doctor Oscar Schiappa-Pietra Cubas, experto en políticas públicas, alertó que en casos como las licencias otorgadas a la empresa Orión puede haber casos de corrupción de funcionarios.
“¿Cómo explicar que el municipio provincial del Callao pretenda que la empresa Orión recorra las calles de Lima? No hay ninguna explicación que pueda justificar una decisión como esta, en el caso de la empresa Orión, si es que no incluimos el factor corrupción”, acotó.
La doctora Clara Mosquera Vásquez, del Juzgado Especializado de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte Superior de Justicia Lima-Norte, apuntó que, pese a la huelga judicial, ya lleva registrado 101 ingresos “en solo un mes de funcionamiento”.
Finalmente, desde Ica, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, denunció que "ochenta mil afectados por accidentes de tránsito no reciben justicia".
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