Abren proceso a torturadores de presidenta brasileña electa Dilma Rousseff

El Ministerio Público Federal de Sao Paulo abrió hoy un proceso para depurar la presunta responsabilidad civil de cuatro militares jubilados por seis asesinatos y la tortura de 20 personas, entre ellas la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff.

Fueron acusados los militares Homero Cesar Machado, Innocencio Fabricio de Mattos Beltrão y Maurício Lopes Lima, de las Fuerzas Armadas, y João Thomaz, ex capitán de la Policía Militar de Sao Paulo, detalló la fiscalía en un comunicado.

Los cuatro acusados podrían perder sus pensiones de jubilación y ser condenados a pagar indemnizaciones a la sociedad y a contribuir a las que paga el Estado a las víctimas de la dictadura (1964-1985).

El proceso investiga los crímenes presuntamente cometidos por los cuatro militares en la Operación Bandeirante, dirigida por el comando del segundo Ejército entre 1969 y 1970, en el auge de la represión contra opositores políticos al régimen.

El Ministerio Público cree que los acusados son responsables de seis asesinatos en el marco de esa operación, entre ellos el del disidente Virgílio Gomes da Silva, considerado como el líder de la banda armada que secuestró durante dos días al embajador estadounidense Charles Burke Elbrick, en septiembre de 1969.

Entre las víctimas de tortura citadas en el proceso se encuentra Dilma Rousseff, quien fue arrestada por más de dos años por su participación en grupos armados de resistencia a la dictadura.

Rousseff, quien fue elegida presidenta de Brasil en las elecciones del pasado domingo, integró las organizaciones clandestinas Política Operaria (Polop), Comando de Liberación Nacional (Colina) y Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares).

La presidenta electa, que sucederá a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 1 de enero, reconoce haber integrado estos grupos, pero rechaza haber participado en cualquier acción armada.

La fiscalía detalló que la Operación Bandeirante sirvió a los militares como experimento para unificar en un único destacamento el trabajo de represión y tortura a disidentes, que hasta ese momento se repartía entre diferentes dependencias del Ejército y de los cuerpos de Policía.

La experiencia de esta operación dio pie al Destacamento de Operaciones de Información de los Centros de Defensa Interna (Doi-Codi), organismo que centralizó las operaciones de represión a partir de 1970 y hasta la instauración de la democracia en 1985.

EFE