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por Redacción RPP
·Indígenas temen que norma privatice el recurso y privilegie su uso en favor de empresas mineras y embotelladoras y relegue a las comunidades campesinas del ancestral manejo del líquido.
La Asamblea Nacional Legislativa (Parlamento) de Ecuador rechazó hoy una propuesta para efectuar una consulta previa a las comunidades indígenas sobre la polémica Ley de Recursos Hídricos, cuyo trámite ha desatado protestas de las organizaciones campesinas.
Con 50 votos en contra y diez abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional negó la moción presentada por Cordero, que también suponía la suspensión del trámite de la Ley por cinco meses, para efectuar la consulta a las organizaciones indígenas antes de votar el texto definitivo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que ha convocado a las protestas, había señalado que aceptaría la consulta previa, sólo si el resultado de ella era "vinculante" para la aprobación de la Ley de Aguas, aunque para la Corte Constitucional no tiene ese carácter.
El presidente de la Conaie, Marlon Santi, calificó como una "victoria" de su movimiento, ya que no se aprobó el cuerpo legal que, según él, podía haber sido votada hoy porque así lo habría previsto el oficialismo.
Santi dijo que comenzará un proceso de conversaciones con las bases del movimiento para decidir qué estrategia tomará el colectivo para que se acojan sus propuestas, aunque dejó en claro que la movilización se mantendrá.
El trámite de esta norma ha desatado una fuerte pugna entre el movimiento oficialista Alianza País, que lidera el mandatario de la nación, Rafael Correa, y los grupos indígenas, que han amenazado con una protesta total si esa Ley no incluye sus observaciones.
Los indígenas temen que la Ley de Aguas permita la privatización del recurso y privilegie su uso en favor de empresas como las mineras y embotelladoras, así como relegue a las comunidades campesinas del ancestral manejo del líquido.
El oficialismo, por su parte, ha negado enfáticamente la posibilidad de privatización del agua y ha recalcado que el manejo, control, administración y distribución del líquido debe estar en manos del Estado, sin que ello ponga en riesgo la provisión suficiente a las comunidades.
La Conaie junto a las Federaciones de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la de Indígenas Evangélicos (Feine) se mantienen desde la semana pasada en un estado de movilización "por la vida y por el agua".
Esas tres organizaciones también convocaron a una "radicalización" de la protesta, que desde el lunes pasado ha incluido el cierre de carreteras en varias zonas del país, sobre todo en la sierra andina.
Según una información de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, las manifestaciones indígenas dejaron anoche tres policías heridos y dos campesinos detenidos por el cierre de la carretera Panamericana en la zona de González Suárez, en la provincia andina de Imbabura (norte).
EFE
Con 50 votos en contra y diez abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional negó la moción presentada por Cordero, que también suponía la suspensión del trámite de la Ley por cinco meses, para efectuar la consulta a las organizaciones indígenas antes de votar el texto definitivo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que ha convocado a las protestas, había señalado que aceptaría la consulta previa, sólo si el resultado de ella era "vinculante" para la aprobación de la Ley de Aguas, aunque para la Corte Constitucional no tiene ese carácter.
El presidente de la Conaie, Marlon Santi, calificó como una "victoria" de su movimiento, ya que no se aprobó el cuerpo legal que, según él, podía haber sido votada hoy porque así lo habría previsto el oficialismo.
Santi dijo que comenzará un proceso de conversaciones con las bases del movimiento para decidir qué estrategia tomará el colectivo para que se acojan sus propuestas, aunque dejó en claro que la movilización se mantendrá.
El trámite de esta norma ha desatado una fuerte pugna entre el movimiento oficialista Alianza País, que lidera el mandatario de la nación, Rafael Correa, y los grupos indígenas, que han amenazado con una protesta total si esa Ley no incluye sus observaciones.
Los indígenas temen que la Ley de Aguas permita la privatización del recurso y privilegie su uso en favor de empresas como las mineras y embotelladoras, así como relegue a las comunidades campesinas del ancestral manejo del líquido.
El oficialismo, por su parte, ha negado enfáticamente la posibilidad de privatización del agua y ha recalcado que el manejo, control, administración y distribución del líquido debe estar en manos del Estado, sin que ello ponga en riesgo la provisión suficiente a las comunidades.
La Conaie junto a las Federaciones de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la de Indígenas Evangélicos (Feine) se mantienen desde la semana pasada en un estado de movilización "por la vida y por el agua".
Esas tres organizaciones también convocaron a una "radicalización" de la protesta, que desde el lunes pasado ha incluido el cierre de carreteras en varias zonas del país, sobre todo en la sierra andina.
Según una información de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, las manifestaciones indígenas dejaron anoche tres policías heridos y dos campesinos detenidos por el cierre de la carretera Panamericana en la zona de González Suárez, en la provincia andina de Imbabura (norte).
EFE
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