Las autoridades investigan posibles fraudes cometidos en diversos estados del país en la compra de equipamientos de protección y respiradores para el tratamiento de pacientes con coronavirus.
Las autoridades de Brasil investigan posibles fraudes cometidos en diversos estados del país en la compra de equipamientos de protección y respiradores para el tratamiento de pacientes con coronavirus, confirmaron este lunes fuentes policiales.
Las autoridades realizaron operaciones conjuntas en al menos cinco estados durante el fin de semana para verificar presuntos delitos contra la administración pública en procesos de compras realizados en carácter de urgencia, que dispensa la celebración de licitaciones, para atender a los infectados con COVID-19.
La operación fue realizada contra un grupo de contrabandistas acusado de fraude en la venta de 200 respiradores para el Gobierno de Santa Catarina, donde el secretario de Salud del estado, Helton Zeferino, y el de la Casa Civil, Douglas Borba, pidieron exoneración de sus cargos en el comienzo de las investigaciones tras declarar ante las autoridades.
Los materiales, que deberían haber sido entregado en los primeros días de abril, fueron adquiridos por un valor de 33 millones de reales (unos 6 millones de dólares), pagados de forma anticipada y "sin la exigencia de cualquier garantía" o "mínimas cautelas" respecto a la verificación de la idoneidad y capacidad de la empresa vendedora, según la Policía.
En las últimas semanas, las investigaciones de irregularidades en compras de equipamientos de salud se han multiplicado en Brasil.
En Río de Janeiro, el ex subsecretario de Salud Gabriell Neves y otras tres personas fueron arrestados la pasada semana, acusados de obtener ventajas ilícitas en contratos de urgencia para la compra de respiradores.
Mientras, en Sao Paulo las autoridades investigan la compra de 3.000 respiradores de China por el valor de 560 millones de reales (100 millones de dólares) por parte de la Gobernación paulista, de los que cerca de 150 fueron entregados hasta el momento.
Según el Gobierno del estado, la adquisición cumplió las "exigencias legales", aunque el gobernador, Joao Doria, anunció la instauración de una auditoría para acompañar las compras relacionadas al combate del COVID-19.
EFE
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