Los agentes federales detenidos pedían a vendedores de productos piratas hasta 50 000 pesos (unos 4 000 dólares) para no incautarles su mercadería.
Diez agentes de la Policía Federal fueron detenidos en Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México y a la que han sido destacados 5.000 miembros de esta corporación, acusados de extorsionar a comerciantes, informó hoy una fuente oficial.
El comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, dijo en rueda de prensa que los diez agentes fueron detenidos ayer como "probables responsables de los delitos de allanamiento de morada y extorsión".
"Estas personas están, en este momento, rindiendo aún su declaración ante el Ministerio Público de la Federación y esto es resultado de la confianza de la ciudadanía de denunciar este tipo de conductas", agregó el funcionario.
Afirmó que los agentes federales destacados en Ciudad Juárez, que hace una semana sustituyeron en esta urbe a miles de soldados en las labores de seguridad pública, "están para servir y no para servirse de los ciudadanos".
"No estamos para solapar a nadie, se va a actuar como lo marca la ley" y si se les comprueban los delitos sufrirán "las consecuencias jurídicas", apuntó.
Según la prensa local, los policías detenidos -de los que no se proporcionaron los nombres- pedían a vendedores de productos piratas hasta 50.000 pesos (unos 4.000 dólares) para no incautarles su mercancía y que pudieran seguir vendiéndola.
Ciudad Juárez, vecina de la estadounidense El Paso (Texas) y con 1,5 millones de habitantes, es desde 2008 la urbe más violenta de México con más de 5.000 asesinatos atribuidos al crimen organizado, en particular por disputas entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, apoyados en pandillas juveniles.
A esta urbe fueron enviados desde el año pasado miles de agentes federales y militares bajo el argumento de que los policías municipales habían sido corrompidos por los carteles de la droga o no estaban capacitados para enfrentar a estas bandas.
La estrategia del Gobierno federal en Juárez tomó un nuevo giro en febrero pasado después del asesinato de 15 jóvenes estudiantes que levantó una ola de indignación y empujó a las autoridades a aplicar un plan integral que incluye, además del retiro parcial de los militares, programas sociales y económicos para crear oportunidades a la población.
EFE
El comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, dijo en rueda de prensa que los diez agentes fueron detenidos ayer como "probables responsables de los delitos de allanamiento de morada y extorsión".
"Estas personas están, en este momento, rindiendo aún su declaración ante el Ministerio Público de la Federación y esto es resultado de la confianza de la ciudadanía de denunciar este tipo de conductas", agregó el funcionario.
Afirmó que los agentes federales destacados en Ciudad Juárez, que hace una semana sustituyeron en esta urbe a miles de soldados en las labores de seguridad pública, "están para servir y no para servirse de los ciudadanos".
"No estamos para solapar a nadie, se va a actuar como lo marca la ley" y si se les comprueban los delitos sufrirán "las consecuencias jurídicas", apuntó.
Según la prensa local, los policías detenidos -de los que no se proporcionaron los nombres- pedían a vendedores de productos piratas hasta 50.000 pesos (unos 4.000 dólares) para no incautarles su mercancía y que pudieran seguir vendiéndola.
Ciudad Juárez, vecina de la estadounidense El Paso (Texas) y con 1,5 millones de habitantes, es desde 2008 la urbe más violenta de México con más de 5.000 asesinatos atribuidos al crimen organizado, en particular por disputas entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, apoyados en pandillas juveniles.
A esta urbe fueron enviados desde el año pasado miles de agentes federales y militares bajo el argumento de que los policías municipales habían sido corrompidos por los carteles de la droga o no estaban capacitados para enfrentar a estas bandas.
La estrategia del Gobierno federal en Juárez tomó un nuevo giro en febrero pasado después del asesinato de 15 jóvenes estudiantes que levantó una ola de indignación y empujó a las autoridades a aplicar un plan integral que incluye, además del retiro parcial de los militares, programas sociales y económicos para crear oportunidades a la población.
EFE
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