¿Se deben incluir los ‘smartphones’ en las clases del colegio? Estos países de Sudamérica ya lo pensaron

El uso de los teléfonos inteligentes escala año a año a nivel global. El promedio de incremento, al menos desde 2015, ha sido de 30 millones de nuevos usuarios conectados. Estos, al mismo tiempo, son cada vez más jóvenes. Solo en Perú, el 73% de menores entre 13 y 16 años de edad ya cuenta con un celular propio. De ellos, más del 50% se conecta con el mundo desde su pantalla móvil, según estimó Ipsos el 2017 en su informe “Perfil del adolescente, joven y adulto peruano”. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la edad más temprana en la que se accede a internet en Perú a través de un smartphone es de seis años.

Esta tendencia de conexión desde el inicio de la vida escolar se repite en la mayoría de países de Europa y América, principalmente. El 3 de agosto pasado, Francia oficializó reglas frente al uso masivo de dispositivos móviles en las aulas. Se trató de la Ley Nº 2018-698, aprobada días antes por el Parlamento, que modificó el Código de Educación en ese país para prohibir el uso del smartphone a todos los infantes de Inicial y estudiantes de Primaria y Secundaria hasta los 15 años. No obstante, la medida es flexible a la utilización para fines pedagógicos y sugiere que los centros educativos y jardines consideren aquella excepción en sus reglamentos internos.

La enseñanza desde la pantalla

Algunos países de América del Sur ya han entrado al mismo debate que Francia. En Bolivia, por ejemplo, rige desde enero de 2017 la Resolución Ministerial de Educación Nº 001, que restringe el “uso arbitrario” de los teléfonos celulares tanto a alumnos como a profesores. Sin embargo, establece la posibilidad de usarlos para “procesos formativos”, siempre que estos se planifiquen y consensúen previamente entre alumnos, profesores, directores y hasta padres de familia.

“El artículo 118 de las normas de planificación y organización de la gestión educativa nos invita a utilizar el celular, pero de manera previamente planificada, organizada, para el trabajo en el aula. No nos olvidemos que el celular, más allá de tener WhatsApp, tiene Google, diccionarios, información de mano”, explicó el viceministro de Educación Regular de Bolivia, Valentín Roca, a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre algún plan de capacitación a los maestros para que conozcan cómo implementar el uso del móvil con internet en las aulas, Roca señaló que esa disposición depende de cada centro educativo y no del Estado. La situación es distinta en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde la estimulación -todavía en plan piloto- viene con smartphones de regalo. Esto, después de que en 2016 el Gobierno derogara la Resolución Nº 1728, que por una década prohibió el uso de los teléfonos móviles a todos los profesores y estudiantes de la provincia.

Agustina Blanco, directora provincial de Evaluación y Planeamiento del Ministerio de Educación de Buenos Aires, señala que para fines de 2018 se planea haber repartido un kit de 20 celulares con planes de datos a más de 400 escuelas. El objetivo es medir el aprovechamiento de estos equipos -que cuentan con aplicaciones educativas incorporadas- para luego generar un sistema integrado de colegios capacitados en la conexión con el móvil. “En este programa hemos empezado las capacitaciones en abril de este año y recién dentro de un tiempo van a llegar estos celulares para medir bien durante todo el año. Estamos incorporando Geogebra, GoogleMaps, lecturas autorizadas y YouTube con sugerencias de uso pedagógico”, cuenta Blanco.

El móvil como oportunidad

En Chile no existe aún una regulación, pero ya se ha planteado en el Parlamento. El Proyecto de Ley Nº 1728-04, presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional el 10 de mayo de 2018, propone que las aulas de Primaria y Secundaria adapten un contenedor especial para la recolección de celulares de todos los estudiantes durante el horario de clases. Sin embargo, y en la misma línea que Bolivia, abre la posibilidad de que se utilicen para actividades lectivas bajo criterio del profesor.

El Ejecutivo no ha emitido una opinión al respecto, pero Jaime Veas, exjefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, nos cuenta su postura. “[El uso del celular] es una tremenda oportunidad, pero es una oportunidad que no es mecánica: hay que trabajarla pedagógicamente, generar capacidades en nuestros estudiantes y en nuestros propios profesores, incluso enseñar a discernir entre la información falsa y verdadera que existe en internet”. Veas concluye que una ley sobre esto debe incorporar capacitación ardua a los maestros.

Colombia mantiene una propuesta un tanto más radical. El congresista Rodrigo Rojas presentó el 16 de agosto de 2018 el Proyecto de Ley Nº 99, que prohíbe completamente el ingreso de dispositivos de telefonía móvil a los centros educativos desde la etapa preescolar hasta la Secundaria. En entrevista con RPP Noticias, Rojas refirió que “los celulares se han convertido en un agente distractor que afecta la concentración de los niños y, por ende, su rendimiento académico”. Además, sostuvo que afectan la salud mental y física de los menores, perjudican su comportamiento social, estimulan la depresión y generan dependencia. Sin embargo, no descartó debatir sobre la utilización para fines educativos.

“La tecnología es importante. Vivimos en una sociedad digital, pero hay que saber utilizar el celular. Todos los actores involucrados pueden participar [en el debate], siempre y cuando se proteja la seguridad y salud de los niños, desarrollo integral, en entornos educativos seguros”, estimó el parlamentario colombiano.

Perú desestimó la discusión

Hace cinco años, el Congreso de la República del Perú tuvo en sus manos el debate. El 18 de noviembre de 2013, el congresista Johnny Cárdenas Cerrón presentó el Proyecto de Ley Nº 2945, una versión modificada de una propuesta que ya había impulsado y retirado meses atrás. Su proyecto proponía “prohibir el uso de dispositivos móviles, teléfonos celulares y similares que causen distracción durante las horas de clase” e incluso ordenaba que el Ministerio de Educación exija a todos los colegios la colocación de anuncios que remarquen la prohibición.

Cárdenas sugería sanciones para quienes infringieran la norma: desde el decomiso del celular hasta una suspensión de tres días para los estudiantes y desde la amonestación hasta la destitución para los profesores reincidentes. También destacaba una excepción “para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da a través de las tecnologías de la información y comunicación (TICS)”, lo cual dejaba abierto a la interpretación que el celular o el dispositivo móvil sean incluidos. Pero el planteamiento quedó olvidado y no se retomó en las siguientes legislaturas. Al menos, hasta ahora.