La ley no ha escapado a la polarización que caracteriza a Venezuela y mientras los chavistas la apoyan con entusiasmo, los opositores la rechazan de manera vehemente.
Simpatizantes y opositores al presidente venezolano, Hugo Chávez, marcharán hoy por Caracas para expresar su apoyo o rechazo a la nueva Ley Orgánica de Educación, aprobada por el Parlamento el 14 de agosto.
Las marchas, autorizadas oficialmente, no se cruzan en ningún punto de sus recorridos y culminarán en lugares separados por aproximadamente un kilómetro, lo que disipa en principio la posibilidad de que se registren incidentes entre sus integrantes.
El ministro de Interior, Tarek El Aissami, recordó el viernes que estará prohibido portar armas y la venta de bebidas alcohólicas, así como la utilización de vehículos en la cabecera de las marchas.
La nueva ley de Educación no ha escapado a la polarización que caracteriza a la sociedad venezolana y mientras los seguidores de Chávez la apoyan con entusiasmo, los opositores la rechazan de manera vehemente.
De momento, la mayoría de los pronunciamientos opositores no se dirigen contra aspectos concretos de la ley, sino que expresan temores a que dado lo genérico del texto, como corresponde a una ley orgánica, sea utilizado por el gobierno para apuntalar su proyecto de revolución bolivariana.
En ese sentido una de las acusaciones es que la nueva ley pretende "ideologizar" a los jóvenes, algo que el ministro de Educación, Héctor Navarro, ha admitido porque, según dijo, todos los programas educativos "ideologizan", incluido el vigente hasta ahora en Venezuela.
El ministro argumentó que no existe sistema educativo en el mundo que no incluya componentes ideológicos, generalmente afines a los valores dominantes en cada sociedad.
Para sus defensores, la ley elimina privilegios de clase, abre las puertas de la educación a los sectores tradicionalmente marginados y es una herramienta de justicia social.
Para los detractores, entre los que ha destacado la iglesia Católica, será un instrumento de dominación ideológica, que instaurará un pensamiento único, reducirá sustancialmente la calidad de la enseñanza y "sacará a Dios de las aulas".
Nada impide en la ley la existencia de colegios privados, laicos o religiosos, ya sean católicos, protestantes, judíos, musulmanes o de cualquier otro credo, en los que, si los padres lo desean, sus hijos podrán ser adoctrinados en esas religiones.
Sin embargo, portavoces de la jerarquía católica quieren que se mantenga la enseñanza de esa doctrina en las escuelas públicas por entender que es "un derecho adquirido".
El ex ministro de Educación Aristóbulo Istúriz replicó que la jerarquía católica no puede pretender que se enseñe esa religión con cargo al presupuesto del Estado, porque el Estado venezolano es aconfesional.
Una de las iniciativas planteadas por los sectores más radicales de la oposición ha sido la de instar a que la ley sea "desacatada".
El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, hablando como directivo del partido de gobierno, dijo que "no hay país en el mundo", independientemente de su orientación política, que permita a un sector de la sociedad desacatar normas aprobadas por el Parlamento.
Navarro aconsejó a los colegios y universidades privados, y los públicos con autoridades académicas de oposición, que no "cometan esa locura" porque si desacatan la ley se convertirán en "delincuentes".
Admitió, sin embargo, que veía con buenos ojos que se intenten recursos legales e invitó a la oposición a que "acuda a la autoridad competente, porque vivimos en un estado de derecho".
Sectores opositores moderados manejan las opciones de introducir en el Tribunal Supremo recursos para la anulación de la Ley o reunir firmas para que se convoque un referendo derogatorio.
Respecto a las acciones callejeras, Chávez reconoció que son un instrumento propio de la democracia pero advirtió a quienes marchan con la oposición que no se dejen utilizar para actos de violencia.
"Si ustedes difieren de esta ley tienen toda la libertad para hacerlo a través de los medios o de la forma que quieran, pero no se dejen utilizar como carne de cañón", dijo el presidente. EFE
Las marchas, autorizadas oficialmente, no se cruzan en ningún punto de sus recorridos y culminarán en lugares separados por aproximadamente un kilómetro, lo que disipa en principio la posibilidad de que se registren incidentes entre sus integrantes.
El ministro de Interior, Tarek El Aissami, recordó el viernes que estará prohibido portar armas y la venta de bebidas alcohólicas, así como la utilización de vehículos en la cabecera de las marchas.
La nueva ley de Educación no ha escapado a la polarización que caracteriza a la sociedad venezolana y mientras los seguidores de Chávez la apoyan con entusiasmo, los opositores la rechazan de manera vehemente.
De momento, la mayoría de los pronunciamientos opositores no se dirigen contra aspectos concretos de la ley, sino que expresan temores a que dado lo genérico del texto, como corresponde a una ley orgánica, sea utilizado por el gobierno para apuntalar su proyecto de revolución bolivariana.
En ese sentido una de las acusaciones es que la nueva ley pretende "ideologizar" a los jóvenes, algo que el ministro de Educación, Héctor Navarro, ha admitido porque, según dijo, todos los programas educativos "ideologizan", incluido el vigente hasta ahora en Venezuela.
El ministro argumentó que no existe sistema educativo en el mundo que no incluya componentes ideológicos, generalmente afines a los valores dominantes en cada sociedad.
Para sus defensores, la ley elimina privilegios de clase, abre las puertas de la educación a los sectores tradicionalmente marginados y es una herramienta de justicia social.
Para los detractores, entre los que ha destacado la iglesia Católica, será un instrumento de dominación ideológica, que instaurará un pensamiento único, reducirá sustancialmente la calidad de la enseñanza y "sacará a Dios de las aulas".
Nada impide en la ley la existencia de colegios privados, laicos o religiosos, ya sean católicos, protestantes, judíos, musulmanes o de cualquier otro credo, en los que, si los padres lo desean, sus hijos podrán ser adoctrinados en esas religiones.
Sin embargo, portavoces de la jerarquía católica quieren que se mantenga la enseñanza de esa doctrina en las escuelas públicas por entender que es "un derecho adquirido".
El ex ministro de Educación Aristóbulo Istúriz replicó que la jerarquía católica no puede pretender que se enseñe esa religión con cargo al presupuesto del Estado, porque el Estado venezolano es aconfesional.
Una de las iniciativas planteadas por los sectores más radicales de la oposición ha sido la de instar a que la ley sea "desacatada".
El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, hablando como directivo del partido de gobierno, dijo que "no hay país en el mundo", independientemente de su orientación política, que permita a un sector de la sociedad desacatar normas aprobadas por el Parlamento.
Navarro aconsejó a los colegios y universidades privados, y los públicos con autoridades académicas de oposición, que no "cometan esa locura" porque si desacatan la ley se convertirán en "delincuentes".
Admitió, sin embargo, que veía con buenos ojos que se intenten recursos legales e invitó a la oposición a que "acuda a la autoridad competente, porque vivimos en un estado de derecho".
Sectores opositores moderados manejan las opciones de introducir en el Tribunal Supremo recursos para la anulación de la Ley o reunir firmas para que se convoque un referendo derogatorio.
Respecto a las acciones callejeras, Chávez reconoció que son un instrumento propio de la democracia pero advirtió a quienes marchan con la oposición que no se dejen utilizar para actos de violencia.
"Si ustedes difieren de esta ley tienen toda la libertad para hacerlo a través de los medios o de la forma que quieran, pero no se dejen utilizar como carne de cañón", dijo el presidente. EFE
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