Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados dio luz verde al Acuerdo de Escazú
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados dio luz verde al Acuerdo de Escazú | Fuente: EFE/ Imagen Referencial

La discusión parlamentaria del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina, arrancó este martes en Chile con la aprobación del pacto, por mayoría aplastante, en una comisión de la Cámara Baja.

Entre aplausos y con 11 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados dio luz verde a este proyecto, al que todavía le queda un largo camino legislativo.

En caso de aprobarse en el Parlamento, Chile se convertiría en el país número 13 en ratificar el acuerdo después Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.

Pese a que solo 12 países de la región lo han ratificado, fueron originalmente 24 los países que firmaron esta alianza, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.

 

Gabriel Boric Acuerdo de Escazú
En marzo de este año, Gabriel Boric insistió en que la firma del Acuerdo de Escazú supone el cumplimiento de una de las promesas hechas en campaña. | Fuente: EFE

Gabriel Boric pidió al Legislativo aprobar el acuerdo

Una semana después de asumir la Presidencia, el pasado marzo, el progresista Gabriel Boric firmó la propuesta de adhesión al tratado internacional, que debe ser aprobada en ambas cámaras para entrar en vigor.

Esta iniciativa coincide con la visión estratégica del nuevo mandatario, un ex líder estudiantil con preocupación por la necesidad de actuar de forma urgente frente a la emergencia climática, que propone un Gobierno con acento ambientalista.

La participación de Chile en el pacto, impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible de 2012, fue planteada por el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.

Se trata del primer acuerdo del mundo orientado a proteger a los defensores ambientales, siendo América Latina la región más mortífera para estos activistas, según la ONG Global Witness.

(EFE)


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