Se trata del primer paso dentro de la activación del artículo 155 de la Constitución española, con la que el Gobierno de Rajoy podría asumir las funciones del de Puigdemont.
El Gobierno de España pidió este miércoles formalmente al de Cataluña aclarar si su presidente, Carles Puigdemont, declaró el día anterior la independencia durante una sesión parlamentaria, antes de decidir si toma medidas legales, explicó el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Es el primer paso dentro de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cual, si sigue adelante, le otorgaría al Gabinete la facultad de asumir directamente las de las autoridades de la región.
El Consejo de Ministros aprobó el requerimiento en una reunión extraordinaria, después de que Puigdemont afirmara en el Parlamento regional que asume el "mandato del pueblo" catalán en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre para que "Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Sin embargo, seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
A la espera de la respuesta. Para Rajoy, el discurso de Puigdemont es una "deliberada confusión" que es necesario aclarar. También explicó que este es el requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que puede tomar su Gobierno, amparado en la Constitución, para ofrecer a los ciudadanos claridad y "seguridad" en este tema. El artículo 155 se refiere al caso de que una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España.
Si Puigdemont no responde, el Gobierno central, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las "medidas necesarias para obligar" a la región al "cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", según el artículo 155. La respuesta marcará lo que ocurrirá en Cataluña en los próximos días, según Rajoy, pues si el presidente catalán manifiesta voluntad de respetar la legalidad se pondría "fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia".
Crisis en Cataluña. Tanto la ley catalana que regulaba el referéndum, aprobada por el Parlamento regional el 6 de septiembre pasado, como la convocatoria de la consulta, fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Desde el 1 de octubre Cataluña ha registrado una quiebra de la convivencia social, con manifestaciones masivas a favor y contra la de la independencia, en una ambiente creciente de tensión.
Las grandes empresas catalanas han cambiado la sede social a otras ciudades españolas ante el temor a la inseguridad jurídica y la incertidumbre por la situación en la región, que representa el 19 % del PBI del país. Este ha sido el caso de bancos como CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, el grupo editorial Planeta, Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis. EFE
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