La Fiscalía de España pidió la detención del expresidente de Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió a la juez Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a sus exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Los acusados habían sido citados este jueves por la Justicia, pero no acudieron y seguirían en Bélgica.

El Ministerio Público manifestó que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos cinco investigados. Según ellos, Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

Los exconsejeros. Si la juez accede al pedido, una vez emitida la orden de detención, los huidos podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares. También se pidió prisión provisional sin fianza para otros ocho de los exconsejeros que sí se presentaron este jueves.

Horas después, la juez Carmen Lamela dictó este una ordenó la prisión para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y 7 exconsejeros de su Gobierno. Todosn son acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso secesionista. Para Santi Vila, exconsejero que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia, se le fijó una fianza de 50 mil euros.

Proceso por rebelión. Los exconsejeros comparecieron ante la juez, que investiga a todo el anterior gobierno catalán por los delitos citados. Con la excepción de Vila, que respondió a todas las partes, solo respondieron preguntas de sus abogados.

Tras ser destituido y acusado por la Fiscalía, Puigdemont se fue a Bruselas, capital de Bélgica. Desde allí, negó que esté buscando asilo político, pero dijo que solo responderá ante la Justicia española cuando tenga garantías de un proceso justo. El Gobierno catalán fue destituido por el de España, amparado por el artículo 155 de la Constitución, luego de que el Parlamento de la región declaró su independencia del resto del país el viernes pasado. (Con información de EFE)