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El Gobierno de EE.UU. lleva más de un mes cerrado: ¿Por qué Trump no logra resolver esta crisis?

Donald Trump junto al vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la Casa Blanca.
Donald Trump junto al vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la Casa Blanca. | Fuente: AFP

Estados Unidos entra este martes en su segundo mes de cierre por un grave desacuerdo entre el Gobierno y el Congreso. Conoce en qué consiste, por qué no se resuelve y cuáles son las consecuencias de este impasse.

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Estados Unidos entró este martes en el segundo mes del cierre parcial de su gobierno por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, con mínimas esperanzas de salir de una crisis que pesa en la economía de la mayor potencia mundial. Desde el 22 de diciembre, buena parte de la administración federal está bloqueada ("shutdown") por el pulso entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México que el presidente Donald Trump está empecinado en construir.

El núcleo de la crisis está vinculado a la inmigración. Donald Trump se niega a firmar cualquier ley presupuestaria que omita los 5,700 millones de dólares que precisa para ese muro contra la inmigración ilegal, una de sus principales promesas en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Los demócratas se oponen a la financiación de esa obra al considerarla "inmoral", costosa e ineficaz.

Donald Trump ofreció este sábado extender la permanencia de un millón de inmigrantes expuestos a ser expulsados. Aunque fue rechazada por la oposición e incluso por algunos republicanos, esa propuesta podría servir de base para nuevas negociaciones.

Mientras tanto, el "shutdown" afecta sólo al 0,5% de los trabajadores estadounidenses, pero influye en la confianza de los consumidores, según una encuesta de la universidad de Michigan. También daña a la economía y el crecimiento del PBI de Estados Unidos en momentos de desaceleración para la economía mundial, dicen expertos.

Las consecuencias para los ciudadanos

Unos 800 mil empleados del Gobierno están en desempleo forzoso o trabajan sin cobrar. En áreas sensibles como seguridad interior, transportes o asuntos exteriores, los efectivos fueron reducidos al mínimo. Los parques nacionales del país dejaron de ser vigilados, numerosos museos están cerrados y el funcionamiento de los aeropuertos está enlentecido.

Los guardacostas "navegan por el mundo para proteger los intereses nacionales estadounidenses mientras sus seres queridos deben enfrentar desafíos financieros y la ausencia de salarios en casa", dijo el lunes el almirante Karl Schultz, jefe de ese cuerpo militar.  "Jamás hubiera creído que duraría tanto", dijo a la AFP, Carol Lopilato, de 59 años, quien desde el 23 de diciembre está técnicamente desempleada.

Funcionaria de alto rango de la administración fiscal de Estados Unidos (IRS) desde 1987, Lopilato no tiene preocupaciones económicas y se considera "afortunada". Pero "si esto se extiende, inevitablemente aumentará la inquietud", agrega. Los funcionarios concernidos deberían ser remunerados con retroactividad, pero más de un millón de empleados de servicios privatizados o de firmas subcontratistas de establecimientos públicos no cobrarán sus sueldos en este periodo.

"Pronto perderé el auto porque ya estoy muy atrasada en los pagos; mi seguro de salud, mi servicio de asistencia para el automóvil y mi permiso de conducir", dijo a la AFP Yvette Hicks, una madre soltera con dos hijos que trabaja para la institución cultural Smithsonian de Washington. Se han puesto en marcha iniciativas para ayudar a quienes están más apremiados como el pago de noches de hotel, de comidas gratuitas y colectas de fondos.

Las consecuencias políticas

Este "shutdown", el más largo de la historia estadounidense, está cobrando también un precio político. Una encuesta mostró que la mayoría de los estadounidenses culpa de la crisis a los republicanos y a la Casa Blanca. Frente al riesgo de procesos judiciales, Donald Trump evitó utilizar una ley de urgencia que le permitiría eludir al Congreso para llevar adelante el muro.

El sábado puso en la balanza una moratoria de tres años para los beneficiarios de permisos de residencia que habían sido abrogados por su administración. Eso está dirigido a unos 700 mil jóvenes que entraron ilegalmente junto a sus padres y 300 mil titulares de un estatuto de protección temporaria (TPP). Pero Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, ya desaprobó esa "recopilación de iniciativas ya rechazadas en el pasado".

AFP

 

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