Bélgica: gobierno sancionado por no dar techo a un refugiado menor de edad

El Juzgado de lo Social de Bruselas ha impuesto una sanción al gobierno de Bélgica por no haber facilitado alojamiento a un afgano de 17 años solicitante de asilo que llegó al país a finales de noviembre, informaron hoy varios medios belgas. La multa impuesta es de 125 euros por cada día que este joven permanezca sin techo, según acordó el juzgado, una decisión que puede además ser extrapolada a otros casos similares. Al solicitante le dieron una cita para el 17 de diciembre en la que se regularizaría su situación y le entregaron un resguardo, el cual le debería permitir obtener un lugar donde dormir.

El refugiado menor de edad se presentó nada más llegar al país en la Oficina de Inmigración, pero dada la multitud de solicitantes, no pudo ser recibido ni le asignaron un lugar para dormir, por lo que se quedó en la calle, explicó su abogado.

El albergue al que acudió posteriormente el menor afgano se negó a acogerle con el argumento de que aún no estaba registrado oficialmente en la Oficina de Inmigración, por lo que tuvo que dormir en la calle, detalló el abogado.

La sentencia judicial, emitida ayer, establece que el Gobierno debe dar cobijo a todos los solicitantes de asilo incluso antes de que sean recibidos por la Oficina de Inmigración, ya que de lo contrario vulneraría la legislación europea y el Tratado Europeo de Derechos Humanos, informó el diario Standaard.

El gabinete del secretario de Estado de Asilo, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, se defendió al argumentar que el derecho a tener una casa corresponde solo a los solicitantes de asilo que ya han sido recibidos por la Oficina de Inmigración y cuyos casos son analizados.

Esta interpretación contrasta con la del abogado del joven afgano, que en declaraciones a Standaard opinó que los solicitantes de asilo lo son "desde el momento que manifiesten a las autoridades belgas este deseo". Según la defensa, el menor afgano debería haber sido acogido, ya que tenía un resguardo de su próxima cita con la Oficina de Inmigración, una percepción que el Juzgado de lo Social bruselense ha validado.