La semana pasada, la justicia brasileña dictó una pena de doce años y un mes de prisión contra el expresidente por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó al Tribunal Superior de Justicia (STJ) un "hábeas corpus" preventivo para evitar una anticipación de la ejecución de la condena en segunda instancia, la cual prevé una pena de doce años y un mes de prisión.
Los abogados de Lula quieren impedir que el exmandatario sea detenido una vez se concluya el análisis de los recursos presentados a la octava sala del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF4), que el pasado 24 de enero ratificó y amplió la condena contra el exlíder sindical.
La defensa consideró "inconstitucional" la decisión del tribunal de segunda instancia, que determinó la ejecución provisional de la pena una vez agotadas las apelaciones en esa misma corte, de acuerdo con un comunicado.
Futuro incierto
Si esos recursos fueran rechazados por el TRF4, Lula da Silva aún tendría derecho a recurrir ante tribunales superiores y, mediante el "habeas corpus" preventivo, la defensa quiere evitar que una eventual decisión de enviarle a prisión se produzca antes del análisis de los recursos en el Superior Tribunal Judicial o Supremo Tribunal Federal.
No obstante, una decisión cautelar adoptada en 2016 por la Corte Suprema determinó que una pena dictada por un tribunal de segunda instancia puede comenzar a ser ejecutada una vez que se agoten los recursos en esa misma fase del proceso.
Hasta hoy, el Supremo no le ha dado un carácter definitivo a esa cautelar, que según fuentes judiciales se propone examinar otra vez en las próximas semanas a fin de despejar el panorama jurídico antes de que se decida sobre un eventual encarcelamiento de Lula (2003-2010). (EFE)
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