Alan García solicitó asilo a Uruguay

El embajador de la República Oriental del Uruguay, Carlos Barros, comunicó este domingo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el expresidente Alan García Pérez ha solicitado asilo a ese país.

El diplomático explicó que el ex jefe de Estado ingresó durante la noche del sábado a su residencia para pedir asilo, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay.

Dicha solicitud deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que el gobierno peruano hará llegar información al respecto, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo.

Por su parte, el Gobierno de Uruguay informó mediante un comunicado que el embajador de Uruguay se contactó con el presidente de ese país, Tabaré Vázquez, para comunicarle del requerimiento de García, quien se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú. El expresidente iniciará el trámite siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional, añadieron.

No podrá salir del país

El pasado sábado, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para  Alan García, investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, accedió a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga el caso del Tren Eléctrico.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que hay indicios de "actos ilícitos de concertación" atribuidos a Alan García y a otros funcionarios de su gobierno. "En su condición de funcionario del más alto nivel habría favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico”, comentó el fiscal, quien dijo luego que "ahora sí se va a investigar como corresponde" a Alan García "por haber recibido dinero de Odebrecht. El abogado del expresidente sostuvo que su cliente se allanaba al pedido, pero cuestionó sus motivaciones.

Tras conocer la decisión judicial, Alan García afirmó que para él "no es una sanción la orden de impedimento de salida del país por 18 meses". En un mensaje en Twiiter dijo que es un tiempo que pasará en su patria y apoyando "al aprismo".

¿Por qué se dictó impedimento de salida?

Para la abogada penalista Romy Chang, el principal argumento del fiscal José Domingo Pérez fue recordar que en anteriores investigaciones el expresidente ha presentado escritos en lo que justificaba su inasistencia a citaciones del Ministerio Público por residir en Madrid, España, donde realizaba actividades académicas.

"Él (fiscal) indica que cómo hace una investigación a una persona que reside afuera y que, además, como lo indica, por razones académicas no puede venir cuando lo llama. Lo necesita aquí (en el país) y además precisa una serie de diligencias que considera que se tienen que efectuar para poder acreditar o no el delito que le está imputando", señaló a RPP.

Asimismo, consideró que los 100 mil dólares que reconoció haber pagado la empresa brasilera Odebrecht por una conferencia del expresidente en Brasil representa un elemento "valorado" por el juez porque "abre la puerta a una investigación de fondo".

"Ahora si se va a poder investigar como corresponde"

El fiscal José Domingo Pérez defendió el pedido de impedimento de salida del país contra el expresidente Alan García como parte de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada. En su sustentación, el representante del Ministerio Público refutó al abogado del exmandatario y aseguró que su despacho se basa en los documentos enviados por la propia empresa Odebrecht.

"No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencias. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht", señaló en la audiencia.

El fiscal señaló que la empresa, al momento de entregar la documentación, detalló una operación "estructurada, construida o confeccionada" a través de contratos de prestación de servicios del 5 de abril del 2012 (conferencia) y recibo del 24 de mayo del 2012.